Nicaragua continúa en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al presentar deficiencias estratégicas para contrarrestar el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; a pesar de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha declarado un férreo persecutor de organizaciones sin fines de lucro a las que acusa de «vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo».
«El GAFI alienta a Nicaragua a continuar implementando su plan de acción para abordar las deficiencias estratégicas antes mencionadas lo antes posible ya que todos los plazos ya han vencido», señala el documento publicado el 4 de marzo por el ente intergubernamental dedicado a promover medidas para combatir esos delitos. Nicaragua se encuentra en la lista gris desde febrero de 2020.
Una especialista en temas de prevención de lavado de activos explicó, bajo anonimato, que en el país existe una fallida institucionalidad en la lucha contra el lavado de activos, controlada a gusto y antojo por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Detalló que, por ejemplo, el Consejo Nacional ALA/ CFT/ CFP (Anti Lavado de Activos, Contra Financiamiento del Terrorismo, Contra Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva) «está subordinado al Presidente de la República y a su sistema centralizado de toma de decisiones».
Cuando fue creado, en 2021, el régimen aprovechó para incluir en el Consejo al Ministerio de Gobernación (MIGOB)- actual perseguidor de ONG- y al Ejército de Nicaragua; lo que desató críticas, incluida la del empresario y preso político José Adán Aguerri, quien calificó la maniobra como una forma de «militarizar» estos temas.
«La conformación del Consejo no se asemeja a instancias similares en la región», indicó la especialista. El GAFI indica que «los países deben establecer marcos institucionales apropiados para la cooperación y coordinación. Dichos marcos deben ser conducidos por una o más autoridades designadas u otro mecanismo que sea responsable de establecer políticas nacionales y de garantizar cooperación y coordinación entre todos los organismos relevantes», por ejemplo, ministerios de Finanzas, de Comercio, Interior, de Justicia y Relaciones Internacionales.
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Asimismo, «esta instancia tiene un amplio poder de decisión discrecional de sacar o incluir (en el sistema nacional contra el lavado de dinero) a cualquier sujeto obligado (abogados, notarios, oenegés), lo que resulta un peligro en el contexto actual porque las instituciones como la UAF (Unidad de Análisis Financiero) han dado muestras de su falta de autonomía, independencia y profesionalismo», manifestó.
En la UAF, el régimen cuenta con el mayor general Denis Membreño Rivas y el comisionado general Aldo Sáenz Ulloa, en los cargos de director y subdirector, respectivamente.
Para el abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia, «el problema en Nicaragua no es tanto quién lo componga, sino sometidos en función de quién o en función de qué. En Nicaragua sabemos que obedecen a la orientación de El Carmen (pareja presidencial) y, por consiguiente, están totalmente contaminado».
«En Nicaragua ni siquiera la Contraloría General de la República es confiable, mucho menos un grupo como el Ejército y la Policía que son corresponsables de crímenes de lesa humanidad», añadió.
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En 2018, la UAF, en clara violación a la confidencialidad de las investigaciones y en un contexto de represión a medios de comunicación independientes, señaló a Carlos Pastora Rossler, gerente del medio televisivo Canal 10, de «presuntas acciones de lavado de activos».
Actualmente, la artillería del régimen dedicada a perseguir el delito de lavado de dinero se ha enfocado en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La especialista cuestiona cómo y por qué «un riesgo que era absolutamente inexistente en el año 2017, como es el Financiamiento al Terrorismo, pasó a ser un riesgo alto para el caso del llamado terrorismo doméstico y ligado exclusivamente al financiamiento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) nacionales e internacionales».
El economista Enrique Sáenz explicó que Nicaragua continúa en la lista gris del GAFI porque «tampoco a nivel internacional las patrañas del régimen sorprenden a nadie. Este informe (del GAFI) se publicó con posterioridad a las medidas que supuestamente tomó el Gobierno al encausar a ciudadanos nicaragüenses y al aplastar la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil».
El puntaje gris es porque el GAFI «se refiere a las instituciones públicas; evalúan el marco legal, la institucionalidad, el papel de la UAF, Siboif, Contraloría General, y además, el nivel de independiencia del Poder Judicial y de corrupción a nivel público», aclaró Sáenz.
Además, citó que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) identificó, en 2014, que los flujos ilícitos en el país ascendieron a 450 millones de dólares en materia comercial, y los principales productos por los cuales se lavaba dinero eran combustibles, importación de medicina y vehículos.
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Se trata de un régimen que representa riesgos en el empleo y la actividad económica, por ello Ortega no desea quedar «fuera del poder porque todos estos delitos van a ser investigados», manifestó.
Yader Morazán advirtió que «también se lava dinero manipulando la ley, manipulando licitaciones, es decir, al haber una licitud por medio y convirtiendo un capital público de los nicaragüenses, de las arcas del Estado, en dinero que pasa a manos del Estado».
Resaltó que las persecuciones de ONG no crea alarmas en el ente intergubernamental porque «al GAFI le corresponde tomar en consideración todo lo que provoca una alerta (contra estos delitos), pero la credibilidad que pueda tener el Estado al día de hoy para recibir esas alertas con seriedad es otro tema de discusión. Muy difícilmente existe algún organismo internacional serio que le dé credibilidad (al régimen)».