La Fiscalía orteguista intenta probar en el juicio político contra Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) que la aspirante presidencial usaba la extinta organización para «financiar a organismos y personas, para que desestabilizaran el desarrollo económico del país, difundiendo noticias falsas en contra del Gobierno de Nicaragua».
La acusación, a la que tuvo acceso Artículo 66, resume los testimonios de los testigos que han desfilado y continuarán presentándose en el juicio político contra la periodista y exdirectora de la FVBCH y compañía. La acusación se basa en el apoyo que la organización entregó por varios años a los medios de comunicación independientes.
El caso contra la Fundación salpica a los medios de comunicación independientes como Radio Voz, Radio Darío, Despacho 505, Actualidad con Dino Andino, NotiMat, Radio TV Merced y Radio Stereo Romance, entre otros. Todos ellos supuestamente habrían sido beneficiados por el «Programa de Medios Nicaragua» que ejecutaba la FVBCH con los periodistas nicaragüenses.
Noticia relacionada: Régimen vuelve a suspender juicio contra presos políticos vinculados a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
El programa consistía, según la acusación de la justicia del régimen, en la entrega de financiamiento para la compra de equipos, capacitación técnica y posterior funcionamiento de los medios de comunicación.
Según el documento, después de recibir el desembolso para equipos, capacitación y funcionamiento, los medios de comunicación reciban de la Fundación «una agenda para que atacaran al Gobierno y al Ejército… para que desestabilizaran el desarrollo económico del país».
En el libelo acusatorio se señala a Marco Fletes y Walter Gómez, contador y administrador respectivamente, de solicitar a terceros el cambio de cheques de la Fundación.

Una de las testigos que figura en la acusación es Denia Walkiria Escobar Rocha, la conserje de la FVBCH que laboró por 10 años en el organismo. Según su testimonio, Emma Marina López, funcionaria de la Fundación, la entregó, en varias ocasiones, dinero en efectivo para que lo depositara en cuentas específicas.
De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en la audiencia de juicio del lunes, siete de marzo, no hubo testigos civiles y la Fiscalía llevó nuevamente como testigos agentes policiales »que se limitaron a presentar pruebas documentales con las que constataban su trabajo y no los hechos que quieren imputar a los injustamente procesados».
Chamorro, Fletes y Gómez son acusados por gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos, todos estos delitos habrían sido cometidos a través de la FVBCH.
Mientras que a Pedro Joaquín lo señalan de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, delitos también cometidos desde la organización. A Pedro Vásquez, conductor de Cristiana, la justicia orteguista lo acusa de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos.
El juicio político contra Chamorro y compañía inició el pasado tres de marzo. Este martes, ocho de marzo, se realiza la cuarta sesión en «El Chipote». Las maratónicas audiencias terminan después de las 5 p.m., se espera que más de 30 testigos, entre civiles y policías, tomen la palabra durante el juicio.