El régimen de Nicaragua irrumpió en la redacción del diario La Prensa y le abrió una investigación por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, un día después que el periódico anunciara que dejaría de circular en papel debido al bloqueo de la materia prima impuesto en la Aduana.
La Policía del régimen se tomó las instalaciones en horas del mediodía del viernes. Oficiales rodearon las instalaciones, cortó la energía y el acceso a internet; mientras los periodistas que se encontraban en el lugar fueron obligados a no usar celulares.
Al lugar solo tuvieron acceso los propagandistas del régimen que mostraron en videos cortos y algunas fotos el papel para imprenta de una bodega, asegurando que con ese material se podría continuar con la publicación impresa del diario e impulsando una campaña de desinformación y desprestigio en contra del medio de comunicación.
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Al caer la noche, camionetas particulares, un camión, sujetos vestido de negro y policías entraban y salían de La Prensa. Al parecer estaban dejando «limpio» las instalaciones del diario, luego que la dictadura orteguista ordenó allanarlo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) condenó la persecución y señaló que estas presiones están dirigidas a silenciar la labor de la prensa y afectan el debate democrático.
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El dictador Daniel Ortega aprovechó el acto del 42 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua para acusar y condenar a priori por el delito de «lavado de dinero» al diario La Prensa. Las declaraciones del tirano fueron vertidas cuando la Policía, bajo su dominio absoluto, ni siquiera ha terminado el saqueo que ordenó el Ejecutivo y que inició desde el mediodía del viernes, 13 de agosto.
«Aquel que comete delito, que se presta a lavar dinero y luego a esconder las pruebas del lavado de dinero en un diario. Esconder ahí las pruebas del lavado de dinero, ahí se han encontrado», acusó Ortega con la misma evidencia que sale de su verborrea cada vez que intenta atacar a quien se opone a sus dictados.
Eso sí, ahora ya también amenazó directamente con imponer cárcel. «En cualquier parte del mundo eso es un delito, en Estados Unidos va a la cárcel el que calumnia y el que difama; en Europa, va a la cárcel el que calumnia y difama», amenazó.
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Ortega, aprovechando que se encontraba rodeado del jefe del Ejército, Julio César Avilés, y del jefe de la Policía, su consuegro Francisco Díaz, también amenazó con «investigar» a la prensa por lo que llamó el «negocio» con el papel supuestamente introducido por el periódico para la producción del rotativo, exento de impuestos, pero que según dijo, sin ninguna evidencia, también ha sido desviado para negocios lucrativos.
Quiere impresión de boletas electorales gratis
«Vamos a ver si estaría dispuesto ese periódico a imprimir todas las boletas electorales toda la documentación electoral, hacerlo de manera gratuita, en función de todo el beneficio que ha recibido al no pagar impuestos durante tantos años, y estar lucrándose», volvió a asegurar sin pruebas, el que se supone debería dejar que las «autoridades» realicen las «investigaciones» que ofrecieron.
En el mismo acto, Ortega atacó a la Iglesia Católica, empresarios, incluso a su hermano Humberto Ortega Saavedra, fundador y exjefe del Ejército Popular Sandinista. Aunque no se atrevió a mencionarlo con nombre y apellido, pero hizo referencia a una amenaza que en los años 80, Humberto Ortega lanzó contra «los burgueses», y así, con chifletas, lo llamó «traidor» y «vendepatria», y le recordó que aquellas frases «que alimentan el terrorismo» quedaron «grabadas para la historia».
«Algunos traidores y vendepatrias que en algún momento con mucha autoridad llegaron a decir que iban a faltar postes en Nicaragua para colgar a los ricos, ahora salen diciendo que estos señores no son terroristas», dijo Ortega notablemente dolido con sus viejos compinches, ahora críticos a su dinastía familiar.
Los mismos calificativos usó el dictador para insultar a su compañero de armas y luego ministro de Agricultura y Ganadería durante el primer gobierno sandinista, Jaime Weelock Román. Aunque a Weelock tampoco lo mencionó con nombre y apellido, sí lo dejó más claro con la referencia al cargo que ocupó.
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«El otro que dijo en aquellos tiempos (década de los 80) que iba a cortarles las manos a los hacendados, a los finqueros, que era el ministro de agricultura y ganadería, ahora anda escribiendo en contra de lo que está aconteciendo y defendiendo a los terroristas», reprochó Ortega previo a desatar una andanada de insultos contra los empresarios, a quienes fustigó por haber abandonado una alianza con su régimen que duró más de 10 años.
La exguerrillera sandinista Mónica Baltodano anunció que salió de Nicaragua junto a su esposo, Julio López Campos, y su hija Mónica López Baltodano. La decisión de exiliarse llegó tras varios meses de vivir en la clandestinidad debido a la persecución del régimen Ortega-Murillo. A pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares concedidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH por estar en una situación de riesgo, la familia denunció que el régimen apuntaba en convertirlos en prisioneros políticos.
Suiza sancionó a la vicemandataria y vocera del régimen, Rosario Murillo y al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo por alentar y justificar la represión policial durante las protestas sociales de 2018. En la lista de sancionados se suman otros seis altos funcionarios del régimen. por el continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el país, y en correspondencia con las sanciones impuestas recientemente por la Unión Europea.
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La lista la conforman la vicemandataria, Rosario Murillo, el hijo de la pareja dictatorial, Juan Carlos Ortega, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el asesor presidencial Bayardo Arce, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la fiscal general, Ana Julia Guido; y los comisionados generales Fidel Domínguez y Juan Valle Valle. Estas personastienen prohibida la entrada o tránsito por Suiza y, los activos que podrían tener sen ese país, quedan congelados.
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La vicedictadora arremetió contra la comunidad internacional alegando que estos países tratan de sobornar, comprar al Estado de Nicaragua, en respuesta a la imposición de sanciones por parte de Suiza contra ella, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo y otros funcionarios allegados al régimen.