El Gobierno de Suiza anunció este viernes, 13 de agosto, que a partir de la fecha entran a la lista de sancionados por ese país ocho operadores políticos de la dictadura de Daniel Ortega entre los que se destaca la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo Zambrana, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, Bayardo Arce Castaño, Ana Julia Guido, Alba Luz Ramos y Gustavo Porras.
Ya antes, en el 2020, habían sancionado a varios funcionarios, principalmente alto jefes policiales que participaron en la represión de las protestas populares del 2018. Las sanciones para todos son individuales, aclara el comunicado oficial. Aplica en lo financiero, es decir, los orteguistas sancionados no pueden tener cuentas bancarias ni negocios de ningún tipo en ese país europeo donde radican los más prestigiosos bancos del mundo. Además, la medida les prohíbe circular por ese Estado.
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Por tratarse de sanciones individuales, la comunicación de las autoridades suizas especifican para cada uno de los sancionados las razones por las cuales les han impuesto las medidas. Artículo 66 detalla lo que motivó a que a esos funcionarios los incluyeran en la «lista negra». Esa medida entra en vigencia para este nuevo grupo a partir de este 13 de agosto. También, incluimos a los otros operadores anteriormente castigados.
Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, vicedictadora de Nicaragua: Dirige las actividades represivas de la Juventud Sandinista. Según el presidente Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana comparte la mitad del poder con él. Desempeñó un papel fundamental en el fomento y justificación de la represión de las manifestaciones de oposición por parte de la Policía Nacional de Nicaragua en 2018. En junio de 2021, amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a los periodistas independientes. Por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática y de socavar la democracia en Nicaragua.
Juan Carlos Ortega Murillo: Hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Director de una de las principales emisoras de televisión de propaganda oficialista, Canal 8, y líder del Movimiento Sandinista 4 de Mayo. En su cargo, ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. Por ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, se le asocia con responsables de graves violaciones a los derechos humanos y represión a la sociedad civil en Nicaragua.
Gustavo Eduardo Porras Cortés: Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde enero de 2017 y miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996. En su cargo de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, es responsable de promover la adopción de varios actos legales represivos, entre ellos una Ley de Amnistía que excluye cualquier investigación sobre los autores de violaciones masivas de derechos humanos en 2018, y leyes que atentan contra la libertad y el proceso democrático en Nicaragua. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
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Alba Luz Ramos Vanegas: Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, tiene a su cargo la instrumentalización del Poder Judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega, mediante la criminalización selectiva de las actividades de oposición, perpetuando el patrón de violaciones de derechos. del debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de oposición. Por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática y de socavar gravemente el estado de derecho en Nicaragua.
Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, y Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Foto: CCC
Ana Julia Guido Ochoa: En su cargo de fiscal general, la máxima funcionaria de la Fiscalía es leal al régimen de Ortega, es responsable de la persecución por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que fabricó acusaciones contra los manifestantes y presentó cargos contra ellos. Además, es responsable de la inhabilitación para el cargo público de los principales candidatos de la oposición para las elecciones generales. Por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
Bayardo Arce Castaño: Justificación: En su cargo de asesor económico de Daniel Ortega, tiene una influencia significativa sobre las políticas del régimen. Por tanto, se le asocia con responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Apoyó el desarrollo de una legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
Juan Antonio Valle Valle: Comisionado mayor (segundo rango más alto) de la Policía Nacional (PN) y en un puesto de liderazgo en la policía de Managua, es responsable de repetidos actos de brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza que se saldó con la muerte de cientos de civiles, por arrestos y detenciones arbitrarias, por violaciones a la libertad de expresión y por impedir manifestaciones contra el gobierno. Por tanto, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
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Fidel Jesús Domínguez Álvarez: En su cargo de jefe de la Policía de León desde el 23 de agosto de 2018, es responsable de numerosas y graves violaciones a los derechos humanos, en particular detenciones arbitrarias, incluido el secuestro de miembros de la familia de un opositor político, el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a la libertad de expresión. Por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática.
Los sancionados en mayo del 2020 y nuevamente confirmados
Ramón Avellán Medal: Subdirector general de la Policía Nacional (PN) y exjefe de la Policía de Masaya. Responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso mediante la coordinación de la represión de manifestantes en Masaya en 2018.
Sonia Castro González: Asesora especial del Daniel Ortega en temas de salud y exministra de Salud. Responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso al obstaculizar el acceso a la asistencia médica de emergencia a los civiles heridos involucrados en manifestaciones y al ordenar al personal del hospital que denunciaran a los manifestantes trasladados a hospitales.
Francisco Javier Díaz Madriz: Director general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) desde el 23 de agosto de 2018 y exsubdirector general de PNN. Responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso por parte de las principales fuerzas policiales que cometen actos de violencia contra civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura.
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Néstor Moncada Lau: Asesor personal del presidente de Nicaragua en materia de seguridad nacional. En esta capacidad, ha estado involucrado y responsable directamente de la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y el establecimiento de políticas represivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua contra personas que participan en manifestaciones, representantes de la oposición y periodistas en Nicaragua desde abril de 2018 en adelante.
Luis Pérez Olivas: Comisionado general y Oficial Principal de asistencia Jurídica (DAEJ) en el Centro Penitenciario “El Chipote”. Responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, el uso extensivo de la fuerza, el maltrato a los detenidos y otras formas de trato degradante. Listado el 24 de junio de 2020
Justo Pastor Urbina: Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP). Ha estado directamente involucrado en la implementación de políticas represivas contra manifestantes y la oposición en Nicaragua, particularmente en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos y de la represión a la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
