Nicaragüenses en el exilio piden ante el Senado de EE. UU. asilo para desnacionalizados y más sanciones al régimen

La crisis política de Nicaragua llegó este miércoles, 30 de septiembre, al Senado de Estados Unidos, donde el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores celebra la audiencia «La crisis política de Nicaragua: el asalto de Ortega a la democracia».

Esta sesión, que se llevó a cabo en Washington, se enfocó en analizar crisis que afronta el país, así como las condiciones políticas en las que se encuentra bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A esta audiencia, el subcomité convocó a cuatro testigos estadounidenses y nicaragüenses para exponer la crisis y posibles mecanismos de presión contra el régimen.

• Eddy Acevedo: vicepresidente de política y relaciones gubernamentales del National Endowment for Democracy (NED).
• Gil Guerra: investigador del Hudson Institute;
• Deborah Ullmer: directora regional para América Latina y el Caribe del National Democratic Institute (NDI).
• Juan Sebastián Chamorro: coordinador de Ciudadanos por la Libertad.

Más sanciones y prohibir las importaciones

El primero en intervenir fue Eddy Acevedo, quien fue tildado de traidor a la patria en 2023. Expuso ante el Senado que el régimen de Daniel Ortega ha negado a los ciudadanos nicaragüenses el derecho de participar en unas elecciones libres y se ha convertido «en una amenaza a intereses de los Estados Unidos en la región y su seguridad».

Advirtió que la dictadura orteguista «ha permitido el movimiento de armas más allá de su país y su territorio, incluyendo la presencia de Rusia y China en Venezuela, en la región».

Consideró que para el régimen «cualquiera que se oponga a su dictadura, tiene que ser oprimido», por lo que mencionó algunas acciones que se pueden tomar para ejercer presión en Nicaragua: sancionar a Daniel Ortega y al Ejército como parte de «un mensaje fuerte» de EE. UU. y prohibir las importaciones de carne, café y arroz de Nicaragua a Estados Unidos.

Rosario Murillo, la siguiente presidenta de Nicaragua

Por su parte, Gil Guerra, quien ha analizado la política nicaragüense enfocado desde la migración y la seguridad internacional, advirtió que si se permite la reforma constitucional en Nicaragua, pautada para 2027, los Ortega-Murillo «podrían estar en el poder hasta 2036», lo que eliminaría «lo poquito que queda de democracia» en el país.

Agrega que «esta reforma está preparando el camino para que Rosario Murillo se convierta en la siguiente presidenta de Nicaragua» pues, desde su perspectiva, «el régimen no va a ganar una elección justa y le está buscando robar a los nicaragüenses su derecho a auto determinarse y auto dirigirse», por lo que consideró que la respuesta estadounidense «debe ser rápida y sin retroceder».

Sancionar el mercado del oro

Deborah Ullmer enfocó su ponencia en que, en los últimos años los Ortega-Murillo han trabajado en el debilitamiento institucional de Nicaragua así como en la consolidación de la dinastía familiar, comportamiento que comparó con la dictadura de Anastasio Somoza.

Comentó que «esta es la hora de actuar» y que el Congreso estadounidense puede, incluso, «desarrollar más sanciones especialmente en el mercado del oro», buscar las frustraciones de telecomunicaciones rusas en el área, pues es algo que debe «abordarse inmediatamente».

Chamorro pide aprobación de Ley Nica

Juan Sebastián Chamorro hizo mención de lo que vivió durante la persecución, encarcelamiento por motivos políticos, así como el destierro a Estados Unidos, posterior desnacionalización y confiscaciones de sus propiedades en Nicaragua,.

Recordó que él fue enviado junto a 222 desterrados a Estados Unidos, de los que seis están detenidos por el ICE.

Aunque pertenece a ese grupo, también hizo énfasis en que, en total son 494 nicaragüenses que fueron desnacionalizados, algo que les genera complicaciones para poder moverse en cualquier país, por lo que cree que el asilo político «debería existir como una posibilidad».

«Mi testimonio escrito documenta toda la persecución a líderes, al clérigo, estudiantes y otros líderes y miembros del movimiento (…) también tiene sanciones específicas que pueden ser aplicadas a las esferas económicas y personales de cada uno de estos individuos», expresó.

Agregó que los Ortega-Murillo «no responden a nada más que un llamado de atención. Ellos realmente son malignos y solo responden cuando las acciones se vuelven una consecuencia. Entonces, esto ya no es un régimen autoritario, es un sistema criminal controlado por una familia que captura las instituciones estatales».

Con respecto a la iniciativa ley bipartidista impulsada en la reautorización y ampliación de la Ley Nica, que busca fortalecer y reautorizar las sanciones contra el régimen, Chamorro pidió al Senado «que esta legislación pueda implementarse (…) antes de que este régimen pueda tratar de establecer su dictadura en la ley el próximo enero».