El dictador Daniel Ortega se quedó en pura bravuconada con su alardeada Ley de Protección a Sancionados, y este mismo miércoles, 27 de noviembre, 72 horas después de la promulgación, ordenó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), orientar a los bancos nacionales que pueden seguir cumpliendo sus compromisos contractuales internacionales, lo que para los expertos eso significa «acatar las sanciones».
La SIBOIF, la institución de la dictadura encargada de regular al sistema financiera nacional, emitió la circular DS-DS-3882-11-2024/LAME, dirigida a gerentes generales de «entidades supervisadas», es decir, bancos nacionales, con orientaciones sobre cómo deben aplicar la Ley 1224, «Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas» con respecto a las «regulaciones contractuales internacionales», entiéndase, ante las limitaciones que tiene la banca nacional para dar servicios a personas designadas como delincuentes internacionales a través de sanciones.
El documento, firmado por el operador político de la dictadura, que hace el papel de superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, orienta que, para el cumplimiento Ley 1224: 1) «Las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo».
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Y como punto 2), «las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas (de sancionados), y deberán reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Debe verificarse que la prestación de servicios financieros internacionales para estos clientes (los sancionados) guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales», detalla la circular.
Una fuente de Artículo 66 confirmó que, efectivamente, la circular ha sido enviada a las gerencias de todos los bancos que operan en el país.
Reculada vertiginosa
«El régimen Ortega-Murillo ha reculado, esa es la única interpretación que se le puede dar a la circular enviada a los bancos por la SIBOIF», dijo el informante, ligado al sistema bancario, y quien habló con Artículo 66 a condición de anonimato.
«Podría ser una señal de que quieren dar marcha atrás. Con las sanciones no hay medias tintas, o cumplís o no cumplís», refirió la fuente al referirse al cumplimiento estricto de las acciones interpuestas contra los funcionarios de la dictadura por EE.UU., Canadá y la Unión Europea.
Y es que, el proceso de formación, vigencia y ahora «acomodo» de la Ley de los sancionados ha ocurrido en la misma semana, con solo horas de diferencia entre su aprobación y la circular que al parecer, suaviza su aplicación.
El pasado lunes 25 de noviembre, los diputados de Ortega aprobaron por unanimidad la normativa que obliga a los bancos nacionales a reabrir las cuentas y reactivar servicios bancarios a todos los funcionarios del régimen, sancionados por la comunidad internacional. Dicha medida pone en peligro a los bancos nacionales que se verían obligados a suspender sus corresponsalías con bancos que operan en los países que han aplicado las sanciones, debido a las restricciones que esas medidas imponen.
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De cancelarse las corresponsalías, en opinión de expertos, sería una catástrofe financiera para el país, pues se detendría el flujo de miles de millones de dólares producto de remesas y comercio, hacia Nicaragua que se mueven a través de esas relaciones bancarias.
Sin embargo, la dictadura se mostró envalentonada. El operador político de Ortega en la Asamblea Nacional, Walmaro Gutiérrez dijo, durante la aprobación de la Ley, que estaban «hartos» de las sancione y menospreció las corresponsalías diciendo que sólo son contratos entre empresas privadas que no podían estar por encima de las leyes del país, por tanto, los bancos debían cumplir.
Acto seguido, los 91 diputados votaron a favor de la nueva norma y pocas horas después, fue publicada, de manera sigilosa, en una edición especial de La Gaceta, Diario Oficial, con lo que fue puesta en vigencia el mismo día de su aprobación. 72 horas después, el régimen abandonó su envalentonamiento y orientó a los bancos que pueden seguir cumpliendo con sus «obligaciones internacionales».
Eso significa, según la fuente bancaria, que las instituciones financieras podrían abrir cuentas a los sancionados pero no les emitirían ni tarjetas de crédito ni de débito. Tampoco podrían canalizar desde sus cuentas, transferencias internacionales ni pagos de ningún tipo.
Intentan acomodar aplicación de la «salvajada» que hicieron
Para el doctor en economía y dirigente opositor desterrado, Juan Sebastián Chamorro, la circular de la SIBOIF es un intento del régimen de acomodar la aplicación de la Ley de protección a sancionados, la que calificó como «una salvajada».
Asimismo, opinó que el intento de acomodar la aplicación de esa Ley estaría indicando que, tras su aprobación el pasado lunes, pudo haberse dado una «negociación» en la que los banqueros le aclararon las repercusiones de la normativa al dictador.
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Chamorro coincide en que, efectivamente, la Superintendencia está orientando a los bancos reabrir las cuentas a los sancionados pero que tomen las diligencias para que eso no afecte las corresponsalías ni los mercados internacionales, sin embargo, el experto en economía considera que estaría por verse si las entidades bancarias internacionales aceptan esa aplicación.
No obstante, el analista no ve retroceso en la ejecución de la normativa sino un «acomodo» que buscan para no tener problemas con el tema de lavado de activos, pero «la amenaza contra los banqueros persiste, siguen teniendo en el cuello la espada de Damocles», advirtió el economista.
Asimismo, advirtió que la ley de los sancionados sigue vigente, por lo tanto se mantiene el alto riesgo del clima de negocios en el sector financiero.
