CIDH ordena medidas cautelares para Thelma Montenegro, integrante de Madres de Abril
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la bogada Thelma Montenegro Centeno, quien fue detenida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 23 de agosto en Nicaragua.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 77/2026, emitida el 28 de septiembre. La CIDH señaló que Montenegro Centeno se encuentra en una situación de «gravedad y urgencia», debido a que sus derechos podrían enfrentar un daño irreparable.
Según la información presentada ante el organismo, Montenegro Centeno forma parte de la Asociación Madres de Abril (AMA) y fue aprehendida por autoridades estatales el 23 de agosto. Desde entonces, sus familiares y personas cercanas no han recibido información oficial sobre su ubicación ni sobre las condiciones en las que permanece detenida.
La CIDH indicó que el Estado de Nicaragua tampoco proporcionó información durante el trámite de las medidas cautelares.
CIDH desconoce dónde está detenida
Tras revisar la información disponible, la Comisión concluyó que Montenegro Centeno está bajo custodia estatal, pero que no existe información oficial sobre su paradero, su estado actual o las condiciones de su detención.
El organismo también señaló que permanece en «incomunicación total y prolongada» y que no tiene posibilidad de recibir visitas de sus familiares y allegados.
Entre las medidas solicitadas está precisar las circunstancias de su detención y revelar el lugar donde se encuentra. Nicaragua también deberá garantizar que pueda mantener contacto regular con sus familiares y tener acceso a representantes legales de confianza.
La resolución establece además que el Estado debe realizar de inmediato una valoración médica integral de Montenegro Centeno y garantizarle atención básica y especializada, así como el acceso a los medicamentos que necesite.
La CIDH pidió que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales y que las medidas adoptadas sean concertadas con Montenegro Centeno y sus representantes.
El organismo también solicitó información sobre las acciones realizadas para investigar los hechos que motivaron la resolución y prevenir que vuelvan a ocurrir.
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