CIDH y expertos de la ONU llaman a la OEA a actuar ante deterioro democrático en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas pidieron este jueves, 1 de octubre, a los cancilleres de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) colocar la democracia y el restablecimiento del Estado de derecho en el centro de la reunión sobre Nicaragua prevista para este 2 de octubre.
En un comunicado conjunto, ambos organismos advirtieron que, más de ocho años después del inicio de la crisis sociopolítica de abril de 2018, continúan documentando graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, muertes bajo custodia estatal, confiscaciones de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional.
La CIDH y el GHREN expresaron especial preocupación por el aumento de personas detenidas cuyo paradero sigue sin conocerse y por los riesgos que enfrentan quienes permanecen bajo custodia del Estado.
«La persistencia de las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos como parte de los patrones de represión contra personas percibidas como opositoras es grave y debe cesar inmediatamente», señalaron.
Los organismos también alertaron sobre una intensificación de la represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio, sus familiares y organizaciones que los acompañan. Según el comunicado, esta situación incluye vigilancia, amenazas, hostigamiento y actos de violencia, con efectos también para otros países de la región.
Critican reformas constitucionales
Señalan reformas constitucionales
El pronunciamiento también cuestiona las reformas constitucionales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH y el GHREN señalaron que la reforma de 2025 eliminó el principio de separación de poderes y creó la figura de la copresidencia, con un mandato de seis años.
Añadieron que la nueva reforma constitucional, aprobada en primera legislatura, propone ampliar ese período a siete años, con posibilidad de renovación, además de incorporar restricciones contra personas calificadas como «golpistas» o «traidoras a la patria».
Ambos organismos sostienen que estas medidas afectan las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, auténticas y competitivas. También señalaron como preocupante el anuncio oficial de que no se prevé la celebración de elecciones en 2027.
«Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes», afirmaron la CIDH y el GHREN.
Piden liberar a presos políticos
Ante este escenario, la CIDH y el grupo de expertos de Naciones Unidas instaron a los Estados miembros de la OEA a utilizar los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
Entre sus principales llamados están la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, así como esclarecer el destino y paradero de las personas desaparecidas.
También demandaron el restablecimiento del espacio cívico, el fin del cierre de organizaciones de la sociedad civil, medios independientes, universidades e instituciones religiosas, además de la devolución de los bienes confiscados.
Los organismos reclamaron asimismo el fin de la represión transnacional y de la privación arbitraria de la nacionalidad, junto con medidas de protección para los nicaragüenses en el exilio.
Piden liberar a presos políticos
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Entre sus principales llamados están la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, así como esclarecer el destino y paradero de las personas desaparecidas.
También demandaron el restablecimiento del espacio cívico, el fin del cierre de organizaciones de la sociedad civil, medios independientes, universidades e instituciones religiosas, además de la devolución de los bienes confiscados.
Los organismos reclamaron asimismo el fin de la represión transnacional y de la privación arbitraria de la nacionalidad, junto con medidas de protección para los nicaragüenses en el exilio.
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