Parlamento sandinista aprueba Ley de Telecomunicaciones, que impone mayor vigilancias y control sobre nicaragüenses

Los diputados sandinistas y sus colaboradores zancudos en la Asamblea Nacional, que operan al servicio de la dictadura, aprobaron este jueves, 31 de octubre, la controversial Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, una normativa cuestionada por diferentes actores sociales porque aumenta el control sobre los servicios de telefonía fija y celular e incluso, obliga a las empresas operadoras a servir de espías para la dictadura.

La iniciativa de Ley fue enviada al parlamento en marzo pasado y desde entonces estaba supuestamente en consulta, hasta este jueves que los 91 diputados que integran el Legislativo aprobaron por unanimidad dicha normativa.

Entre los puntos más controversiales de la nueva Ley destaca la obligatoriedad que impone a las empresas operadoras de los servicios de telefonía fija, celular e internet, a proporcionar al Estado (Policía) información de sus usuarios, que incluye hasta su localización.

Esa disposición es la que ha puesto en alerta a las organizaciones opositoras y defensoras de derechos humanos, porque al tener acceso a toda esa información las fuerzas represoras de la dictadura podrían incrementar sus acciones represivas, de vigilancia y localización contra personas adversas al régimen de los Ortega-Murillo.

Noticia relacionada: Nueva Ley de Telecomunicaciones demuestra que la dictadura de Ortega quiere tener «todo bajo su control», opinan analistas

La dictadura justifica la promulgación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones argumentando que, debido al incremento de los servicios en esa área y la ampliación de la cobertura, la anterior legislación, conocida como Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, se había quedado obsoleta. 

Operadores políticos de la dictadura defienden nueva normativa

Varios operadores políticos de la dictadura, que fungen como diputados, defendieron la nueva Ley asegurando que se trata de una legislación «moderna». 

Edwin Castro, jefe de bancada sandinista en el Parlamento, en un intento por darle legitimidad al nuevo instrumento persecutorio, sostuvo que en la consulta que realizaron tomaron parte las empresas operadoras del servicio de telefonía e internet y aseguró que se trata de una de las leyes «más consultadas». 

Por su parte, Wilfredo Navarro aseguró que la aprobación de la nueva norma de telecomunicaciones actualiza la operación de esos servicios y, acto seguido, el legislador convertido a sandinista se lanzó contra las empresas telefónicas acusándolas de haber conformado en Nicaragua un «oligopolio» de las comunicaciones.

«Esta ley va a promover la competencia, porque en Nicaragua existen (solo) dos empresas telefónicas que son oligopolio, entonces ahora con este hecho sencillo de darle al usuario su teléfono ellos pueden cambiar de compañía telefónica», dijo el operador político de la dictadura..

El exliberal, ahora fiel sandinista, aseguró que la ley obligará a operadores telefónicos a ser «más equitativos y más competentes» y afirmó que también mejorará el servicio porque «habrá incidencia en las tarifas».

Noticia relacionada: Nueva Ley de Telecomunicaciones «afila el colmillo» de Telcor para espiar comunicaciones, alerta experto de Voces del Sur

«La nueva Ley cambia totalmente el marco jurídico anacrónico que se manejaba para administrar el sistema de la telefonía y de las comunicaciones en nuestro país; por eso las características de esta ley es modernidad actual, que enfrenta los retos de la tecnología y de las competencias que se generan con esas transformaciones en el sistema telefónico».

Según el diputado, la nueva ley «establece reglas claras, un principio muy importante para la protección de los derechos del usuario, le da a la telefonía el carácter de servicio público para que cuente con respaldo del Estado en la defensa de los derechos de los usuarios».

Empresas como espías al servicio de la dictadura

El artículo 109 de de la nueva Ley establece que «los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias».

El texto de la disposición agrega que «para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable».

Y como parte del férreo control que ejerce la dictadura sobre todas las estructuras sociales del país, la normativa obliga a los operadores a permitir inspecciones, incluso, con la intervención de la Policía sandinista

Noticia relacionada: Ortega reforma Ley de Telcor y amplía «control» sobre telecomunicaciones

Las disposiciones de control sobre las comunicaciones de los nicaragüenses rozan con la Constitución Política de la República, ha alertado el director ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), Danny Ramírez-Ayerdiz.

El abogado  y defensor de DD.HH. señaló que «detrás de esta Ley General de Telecomunicaciones, el Estado va a controlar la información de los nicaragüenses». 

«El hecho de que las operadoras tengan que dar información es un acto inconstitucional porque el Texto Supremo establece que todas las comunicaciones entre los particulares están protegidas, lo cual sigue en la línea de las graves violaciones de derechos humanos», advirtió el defensor.