La recién propuesta Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional para su aprobación, obliga a los proveedores de servicios a divulgar información personal de los usuarios, por tal razón, es considerada por los opositores como una demostración de que el gobierno sandinista aspira a mantener «todo bajo su control».
El secretario general del Centro Interamericano de Asistencia Legal de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez Ayerdíz, indicó que estas regulaciones, en el ámbito de las telecomunicaciones, «siguen en la misma línea de consumación del Estado policial, que no solo se conforma con la vigilancia física y el espionaje de las personas que son y perciben como opositoras».
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El abogado señaló que «detrás de esta Ley General de Telecomunicaciones, el Estado va a controlar la información de los nicaragüenses». «El hecho de que las operadoras tengan que dar información es un acto inconstitucional porque el Texto Supremo establece que todas las comunicaciones entre los particulares están protegidas, lo cual sigue en la línea de las graves violaciones de derechos humanos», denunció el nicaragüense.
De igual manera, Ayerdíz afirmó que las visitas de TELCOR a las instalaciones de operadores de servicios públicos significa que en un futuro podrían ser «confiscadas». «Así como lo hizo la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) con las supuestas visitas a universidades, sin que hubiera un proceso previo», agrega el funcionario de Calidh.
Ayerdíz consideró que la institución gubernamental, desde 2018, «ha representado parte del mecanismo de represión» del régimen orteguista hacia la libertad de expresión. El abogado aseguró que «TELCOR mandó a que sacaran (del aire) a ciertos medios de comunicación que estaban transmitiendo las violaciones de derechos humanos» y que, además, «ha sido el que ha perpetrado la confiscación de medios de comunicación, sobre todo los de la Iglesia católica».
El secretario de Calidh advierte que «casi todo lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido con el objetivo de derrotar y derribar la libertad de expresión de los nicaragüenses por cualquier medio y al introducirse en el ámbito privado de las comunicaciones de los nicaragüenses, yo pienso que esto va a producir mayor terror en la población».
para reprimir a los canales de comunicación. Foto: Despacho 505.
«Atornillamiento del régimen»
De igual manera, Héctor Mairena, miembro de la directiva de la Unidad Azul y Blanco, afirmó que la nueva Ley General de Telecomunicaciones «es parte del ‘atornillamiento’ que está haciendo el régimen de Ortega para establecer un mayor control sobre la sociedad nicaragüense».
«La ley, que sin duda va a ser aprobada por la oficina legislativa de Ortega, da la potestad al regulador de TELCOR para que pueda conocer el consumo de los usuarios. Evidentemente, eso es una intromisión en el ámbito privado de los ciudadanos y que, sin duda, va a ser utilizado para conocer el consumo de medios de comunicación en internet o televisión por cable de los nicaragüenses», apuntó el opositor.
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Mairena asegura que las nuevas concesiones integradas en la norma legislativa «van a permitirle a la dictadura cancelar, por ejemplo, licencias de radiodifusión a emisoras con las que no se siente cómoda y esto es más preocupante». «Está claro que el propósito de esta ley es perfilar a los ciudadanos nicaragüenses con un fin persecutorio y represivo», añadió.
El directivo de UNAB sostuvo que «TELCOR ha sido uno de los brazos represivos de la dictadura en materia de comunicaciones» y que la dictadura orteguista «está actuando de manera totalitaria, en el sentido de hacer uso de las diferentes instituciones del Estado para vigilar, acechar y reprimir a los nicaragüenses».
Iniciativa de Ley
Ortega remitió el lunes, 11 de marzo, a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional, la nueva iniciativa de Ley con la que busca sustituir la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, bajo el pretexto de que esta normativa «ya no encaja en el contexto actual, dada su limitada capacidad de regular nuevos y complejos escenarios».
Según la exposición de motivos y justificación de la nueva Ley, lo que buscan es normar las nuevas esferas de la comunicación de telefonía convencional, celular, los servicios de internet así como la aplicación de la inteligencia artificial, y las comunicaciones satelitales. Además, la dictadura justifica que busca promover el desarrollo de las comunicaciones y facilitar las inversiones en ese campo.
