La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, enviada por el dictador Daniel Ortega para su aprobación a las Asamblea Nacional, no es más que un instrumento que legaliza el espionaje por parte del régimen a las comunicaciones de los nicaragüenses y obliga a los operadores de servicio a revelar datos personales de los usuarios, por ello debe ser vista como una «ley represiva», alertó un experto del organismo Voces del Sur consultado por Articulo 66.
Ortega remitió, el lunes 11 de marzo, a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional, la nueva iniciativa de Ley con la que busca sustituir la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, bajo el pretexto de que esta normativa «ya no encaja en el contexto actual, dada su limitada capacidad de regular nuevos y complejos escenarios».
Según la exposición de motivos y justificación de la nueva Ley, lo que buscan es normar las nuevas esferas de la comunicación de telefonía convencional, celular, los servicios de internet así como la aplicación de la inteligencia artificial, y las comunicaciones satelitales. Además, la dictadura justifica que busca promover el desarrollo de las comunicaciones y facilitar las inversiones en ese campo.
Es Ley de espionaje
Sin embargo, José Ulloa, analista de temas de comunicaciones en la organización Veces de Sur, alertó que, la nueva normativa promovida por Ortega es en realidad una trampa que en su interior esconde la intención de «legalizar el espionaje de las comunicaciones de los nicaragüenses».
El analista advierte que la nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes, desde el primer artículo deja claro que su intención es «fiscalizar», es decir, ejercer vigilancia y control sobre las comunicaciones.
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El artículo uno, propuesto en la nueva norma establece que «la presente Ley tiene por objeto: 1) Normar, regular planificar, supervisar, fiscalizar y desarrollar el sector de las telecomunicaciones».
Para Ulloa, el término «fiscalizar» incluido en ese artículo, viniendo de la dictadura Ortega-Murillo no puede significar otra cosa que espionaje.
Y para aumentar la presión, el régimen deja establecido en el artículo tres de la iniciativa que son sujetos obligados bajo esa nueva Ley, los operadores de todos los servicios de comunicación y los usuarios.
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Asimismo, el experto llama la atención sobre el artículo 109, que ordena que «Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales, están obligados a suministrar toda la información que les sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de TELCOR en el ejercicio de sus facultades regulatorias».
Para el analista, lo establecido en este artículo deja completamente claro que la dictadura lo que busca es aumentar su control sobre la población y para ello «le están afilando los colmillos a Telcor».
Explicó que, bajo ese precepto legal, el régimen obliga a los operadores de servicio de telefonía o internet a entregar los datos de cualquier usuario que sea de interés para los órganos represivos.
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El analista dijo que la aprobación de esa ley debe ser tomada muy en serio por los peligros que representa, pues con ella la dictadura invade la privacidad de las personas y además, se garantiza un espionaje abierto a través de los operadores de los servicios de telefonía o internet.
«No le será difícil a la dictadura, a sus cuerpos represivos localizar a un usuario de su interés, hasta georreferenciado se lo podrá pedir a los operadores de servicio que no podrán negarse porque la ley los obliga», alertó el experto.
