La represión de la dictadura Ortega-Murillo contra periodistas independientes se está extendiendo hacia sus hijos y demás familiares, con muy graves consecuencias, sobre todo para los niños y personas de la tercera edad, que se han convertido en víctimas del régimen de Nicaragua, advirtieron organismos defensores de los derechos humanos.
Consultados por Artículo 66, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), ambos en el exilio, coincidieron en que la represión a los comunicadores independientes llega a sus familiares, incluyendo a sus hijos, de los cuales, los menores de edad son los que están sufriendo graves consecuencias que tienen que ver con su identidad y derecho a una familia, problemas psicológicos y ahora hasta con el espionaje a las comunicaciones con sus progenitores.
Para el abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, el desplazamiento forzado mediante el destierro y desnacionalización es una de las acciones represivas que tiene una mayor y más grave afectación para los comunicadores y sus familiares, en especial sus hijos.
El jurista explicó que el destierro, está considerado por la jurisprudencia del Sistema Interamericano como una «violaciones al derecho a la familia», pues provoca «separación o fragmentación del núcleo familiar. Agrega que también es una violación a los derechos de la niñez. «Viola el derecho a la protección familiar.
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Esa medida represiva, explica Arce, priva a los hijos de los periodistas desnacionalizados del derecho a su identidad, a mantener relaciones familiares y hasta serias dificultades para la reunificación familiar pues sus padres han sido borrados de todo registro de las personas en el país. A esto se le debe sumar las afectaciones psicológicas sobre los hijos y resto de familiares producida por la estigmatización provocada por la dictadura a través de acusaciones por delitos falsos y sus discursos de odio.
Arce destacó que otra de las afectaciones graves que se produce por esa práctica abusiva es la confiscación de bienes, que ha dejado, en algunos casos, sin recursos para subsistir a la familia del periodista afectado.
CALIDH: la dictadura quiere «destruir» al periodista y su familia
Por su parte, el director ejecutivo de CALIDH, Danny Ramirez-Ayérdiz, destacó que, de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos que esa organización ha documentado, en contra de los comunicadores nicaragüenses, puede resumir en los Ortega-Murillo una «venganza con violencia extrema» contra todos los grupos de oposición y particularmente contra los periodistas independientes.
El abogado defensor de derechos humanos recordó que, de los 300 nicaragüenses desnacionalizados hasta ahora, 22 son periodistas. Además, según el informe sobre Libertad de Expresión en Nicaragua durante el 2023, de Voces del Sur, al menos 242 periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación han abandonado Nicaragua y un periodista, Víctor Ticay, se encuentra encarcelado.
Otro ejemplo es el del periodista Marcos Medina, quien en julio del año pasado fue desterrado por la dictadura junto a su esposa y su hija menor de edad.
Ramírez-Ayérdiz advierte que, con la represión contra los comunicadores, ahora extendida contra sus familiares, existe «un patrón consciente, articulado y efectivo donde el Estado busca destruir a la persona desde su perspectiva individual, es decir, subjetiva; desde la perspectiva objetiva, es decir, como personas jurídica, y sobre todo busca destruirle la vida y la de sus familiares».
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«Todo esto tiene un efecto inmediato en los familiares, porque este patrón provoca directamente en los periodistas y sus familiares, y en toda víctima, sufrimiento intenso, profundo y sobre todo extensivo», apunta el defensor.
Asimismo, el director ejecutivo de CALIDH advierte que, tras la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes, que la dictadura ha sometido a aprobación de la Asamblea Nacional, se esconde un sistema de espionaje que también estará dirigido hacia los familiares de todos los opositores y por supuesto, contra los familiares de los periodistas independientes.
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Por su parte, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), en su informe conjunto con Voces del Sur de 2023, documenta que «los asedios a lo largo del año se incrementaron y extendieron a las familias de periodistas en el exilio e inclusive hacia las de quienes ya están retirados del oficio o jubilados, pero continúan viviendo en Nicaragua».
Asimismo, denuncia que el acoso contra familiares de comunicadores exiliados los ha obligado a trasladarse a vivir a otros departamentos del país en busca de seguridad y otros han tenido que salir de Nicaragua. Además, ha provocado daño psicológico en parientes adultos mayores y en menores de edad.