Las instituciones nicaragüenses que deberían de ser garantes del debido proceso y de la seguridad ciudadana, así como de impartir justicia, de velar por los derechos humanos y garantizar la seguridad de los privados de libertad, todos están coludidos en una especie de red mafiosa al servicio de la dictadura Ortega-Murillo para participar en las desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y acusaciones falsas contra opositores.
La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización independiente que da seguimiento a los procesos espurios contra los nicaragüenses que la dictadura percibe como opositores, denunció esta semana que, la dictadura mantiene patrones represivos que se ejecutan gracias a una actuación «interinstitucional coordinada que revela la instrumentalización del aparataje estatal para reprimir en Nicaragua».
En su informe de «Actualización de patrones represivos contra las personas presas políticas en Nicaragua», la UDJ señala que, entre agosto de 2023 a enero de 2024, lograron identificar actuaciones de represión como «detenciones arbitrarias perpetradas por el Estado, con allanamientos ilegales, desapariciones forzadas en contra de las personas consideradas opositoras o críticas a la política partidaria estatal, así como realización de juicios a través de videollamadas y la complicidad coordinada entre guardias penitenciarios y policías en los interrogatorios».
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Tras la subordinación del Ministerio del Interior a las órdenes de la Policía orteguista, El Sistema Penitenciario Nacional (SPN) cuya función legal es la custodia y garantía del cumplimiento de la pena privativa de libertad ordenada por un juez, ahora participa, junto a efectivos policiales, en interrogatorios y ocultamiento de presos políticos.
«Esta organización (UDJ), identifica que las personas detenidas arbitrariamente son trasladados a la estación policial del Distrito III, en Managua, solamente por unas horas o pocos días, para ser trasladados directamente al Sistema Penitenciario sin haberse presentado de previo formal acusación en su contra. Los detenidos ahora son interrogados y torturados en el Sistema Penitenciario, a diferencia del patrón anterior en el que la policía era únicamente la que ejecutaba estos actos represivos. Actualmente se identificó una participación coordinada entre interrogadores del Sistema Penitenciario y agentes de la Policía Nacional». denuncia la organización jurídica en el exilio.
Asimismo, señalan que todo el aparato estatal participa en la negación de información a los familiares de los detenidos políticos y a sus abogados defensores, incluyendo la constatación de su paradero. «Esta práctica implica la imposición, como política de Estado, de la desaparición forzada por ocultamiento de paradero», acusa la organización.
Agravamiento de represión con desapariciones forzadas
La UDJ advierte que, a partir del último trimestre del año pasado, está ocurriendo un «agravamiento de los casos de desapariciones forzadas» y señala como los casos más graves actualmente el del dirigente político indígena miskito Broklyn Rivera, detenido desde el 29 de septiembre pasado, así como el caso del académico Freddy Quezada, secuestrado el 29 de noviembre, y el de Carlos Bojorge, detenido el primero de enero de 2024. El régimen no ha brindado ningún tipo de información sobre esos tres presos políticos.
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«No se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida. Se identificó que autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas en las morgues, incrementando la zozobra de ellos, lo que constituye otro tipo de tortura», denuncia la UDJ.
Todas las instituciones son cómplices
La denuncia de la organización jurídica concluye que la Policía orteguista y el SPN «actúan en coordinación para denegar, de manera deliberada, información del paradero de las personas». Además, el Poder Judicial, no brinda acceso de los expedientes judiciales, el Tribunal de Apelaciones declara sin lugar los recursos de exhibición personal (Habeas Corpus) sin fundamentación debida, la Defensoría Pública y la Fiscalía alegan desconocer las detenciones.
«Y para cerrar el círculo de vejaciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) rechaza recibir las denuncias de los familiares sobre la situación en la que se encuentran las personas detenidas por razones políticas», finaliza la denuncia.
