Por lo menos 158 opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a manos de funcionarios o seguidores del régimen, y los perpetradores de ese «crimen de lesa humanidad» deben ser «penalmente castigados» para salvar la fuerza moral de Nicaragua y hacer justicia a las víctimas, recomienda un informe de defensores de derechos humanos.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó el octavo informe del Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura, en el que señala que esos 158 casos, que fueron cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra opositores políticos, deben de obtener justicia, castigando a los perpetradores por la vía penal, como una forma de salvar la fuerza moral de la sociedad nicaragüense.
El informe detalla que la futura aplicación de una iniciativa de judicialización «puede contribuir al proceso de encarar la negación de la tortura en Nicaragua», pero, advierte que el «derecho penal no debe ser considerado un instrumento de pacificación, ni un modelo de solución al conflicto social y político».
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En ese sentido, el documento sistematizado por el Colectivo de Derechos Humanos, citando al sociólogo Norbert Elías, recuerda que «no castigar las violaciones a la conciencia colectiva socava la fuerza de la moralidad social y crea el riesgo de deteriorar los cánones morales de los ciudadanos».
Es decir, insiste el informe, «no castigar lo suficiente, puede minar la soberanía y la autoridad del orden moral y legal, así como de las autoridades que lo sustentan».
Las torturas y los perpetradores
El informe detalla que, desde que estallaron las protestas sociales en 2018, se registran al menos 158 víctimas de torturas, de las cuales 130 son hombres, incluyendo 2 menores de edad, y 28 mujeres, a los que se les aplicaron «40 métodos de tortura».
Entre esos métodos destacan la violencia sexual contra mujeres y hombres, condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, incluso contra familiares de opositores, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, desprendimiento de uñas, y simulación de ejecución o asesinato.
El informe señala como principales perpetradores de torturas, identificados a partir de declaraciones de las víctima, al director de la Policía, primer comisionado y consuegro de la pareja dictatorial, Francisco Díaz, junto a 9 comisionados generales más: Fidel Domínguez, Luis Barrantes, Pedro Argueta, Luis Alberto Pérez, Adolfo Marenco, Juan Valle Valle, Vladimir Cerda Moraga y Ramón Avellán. Todos subordinados directos de Ortega y Murillo
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También se menciona al director general del Sistema Penitenciario Nacional, prefecto Julio Orozco y Subprefecto Venancio Alanís, este último involucrado en el asesinato, dentro de la cárcel, del preso político Eddy Montes.
El Estado de Nicaragua, es firmante de la Convención Contra Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes desde 2005, pero los dictadores Ortega y Murillo se niegan a cumplir con las obligaciones que de ello se derivan, por el contrario, en reiteradas ocasiones han tratado de deslegitimar al Comité Contra la Tortura.
