La organización Transparencia Internacional publicó el informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el cual Nicaragua se posicionó como el Estado más corrupto de la región centroamericana y el sexto a nivel mundial.
Los datos del informe destacan que Nicaragua descendió dos puntos con respecto al 2023. Por tanto, el país se ubica en la clasificación de las naciones con peores resultados, ya que obtuvo una puntuación de 17/100, al igual que Corea del Norte, Haití y Guinea Ecuatorial.
Ante este «preocupante» panorama, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas (UA) declaró que «el fenómeno de la corrupción se ha convertido en una problemática estructural y práctica generalizada en las instituciones del país».
El organismo independiente documentó, en estos años, denuncias ciudadanas que prueban la existencia de prácticas del gobierno sandinista que «pueden ser categorizadas en las tres tipologías que se conocen: gran corrupción, corrupción administrativa y pequeña corrupción, donde se incluyen tráfico de influencias, abuso de poder, sobornos, captura del Estado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y nepotismo».
La organización señaló que uno de sus informes, donde se construyó un Índice de Transparencia Municipal para la investigación, expone que «todas las alcaldías de las 17 cabeceras departamentales se catalogan con ‘poca’ o ‘casi nada’ transparencia en la rendición de cuentas».
Noticia relacionada: Gobierno de Ortega y Murillo aumentan corrupción, opina más de la mitad de nicaragüenses
Urnas Abiertas destacó que existen instituciones como la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y la Carrera Administrativa Municipal (CAM) que «son partes fundamentales para el tejido de redes de corrupción y ‘macrocriminalidad’ en el país». Organizaciones como el INIFOM, que está bajo las órdenes de Fidel Moreno, actual Secretario de la Alcaldía de Managua; «controlan, permiten y fomentan las prácticas corruptas en las alcaldías».
El observatorio independiente agregó que el INIFOM «coordinó con los gobiernos locales el pago de salarios a fuerzas de choque y paramilitares durante las protestas de 2018». Del mismo modo, el organismo comandado por Moreno, en complicidad con la CGR, «asiste a las alcaldías en la presentación de documentos irregulares durante las auditorías».
Consecuencias de la corrupción
De igual manera, Urnas Abiertas también indicó que los países con mayores niveles de corrupción, como Nicaragua, «tienen menos probabilidades de sancionar a funcionarios públicos por no cumplir con la ley, lo que a su vez les incentiva a ser partícipes de actos de corrupción».
«En Nicaragua, la cooptación y subordinación del Poder Judicial ante el Ejecutivo tiene un efecto
negativo y desastroso para la población, puesto que la justicia está condicionada según la
preferencia política», detalla el informe del organismo humanitario, el cual publicado este jueves, primero de febrero.
De igual manera, el organismo señaló que otra consecuencia de que el régimen nicaragüense mantenga control sobre los Poderes del Estado es que «las personas que son percibidas como opositoras se ven constantemente expuestas a obstáculos y negación de la justicia, así como a altos costos para acceder a ella».
UA resaltó que un ejemplo de esta situación «son las más de 300 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2018 y 2019, que todavía continúan en impunidad».
El observatorio ciudadano indicó que el ambiente de corrupción en Nicaragua también tiene efectos negativos sobre «mujeres, indígenas, afrodescendientes y minorías sexuales». Urnas Abiertas manifestó que estos sectores de la población tienen «menos herramientas para enfrentarse a un sistema corrupto y amañado. Esto desalienta la denuncia y el uso del poder judicial, dejando en impunidad todo tipo de delitos, incluyendo femicidios y otros crímenes de odio».
Noticia relacionada: Nicaragua sigue siendo el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de Latinoamérica
«Comprometerse a esta lucha»
El organismo opositor brindó una serie de recomendaciones que tienen el propósito de «abonar a la lucha contra la corrupción para la futura transición democrática en Nicaragua». Una de ellas es establecer «un verdadero compromiso de la clase política con la lucha contra la corrupción y el derecho de acceso a la información, el cual se exprese a través de la adopción de una estrategia anticorrupción, que integre tanto cambios institucionales como cambios culturales».
Del mismo modo, UA enfatizó en la importancia de «una institucionalidad fortalecida para la lucha contra la corrupción, este fortalecimiento se tiene que expresar en reformas legales e institucionales, asignaciones presupuestales necesarias, formación de personal, mecanismos de control y entidades independientes, autónomas y despartidizadas».
«Una sociedad civil con mecanismos efectivos de auditoría social e incidencia» y «una ciudadanía comprometida con la prevención y la investigación de la corrupción» también son otras de las recomendaciones propuestas por la organización.
«Desde Urnas Abiertas, también hacemos eco de las recomendaciones de la organización Transparencia Internacional en lo que respecta a otorgar a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder», manifestó el observatorio ciudadano.
¿Qué es el IPC?
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) es un indicador mundial para la evaluación y jerarquización de la corrupción en el sector público, el cual comprende y clasifica a 180 países. El IPC asigna una puntuación a cada país del 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente).
Noticia relacionada: Unión Europea debe sancionar «a corruptos y a quienes ayudan a la dictadura en la represión del pueblo», opinan analistas
Este informe se elabora en base a la medición de manifestaciones de corrupción como soborno, malversación de fondos públicos, funcionarios públicos que utilizan su cargo para lucrarse, capacidad de los gobiernos para medir corrupción, captura del Estado por intereses privados, acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y el nepotismo en nombramientos de funcionarios públicos.
La puntuación de cada país se calcula a partir de un mínimo de tres fuentes de datos tomadas de trece estudios y evaluaciones. Nicaragua es parte de los 12 países que desde 2018 han mostrado un descenso significativo en el IPC. Esta es la calificación más baja del país desde 2012, lo cual confirma la tendencia del debilitamiento en su sistema judicial.
