Este lunes, 27 de noviembre, los veintisiete países que conforman la Unión Europea (UE) decidieron «aliviar» ciertas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, donde se incluye a la dictadura que Daniel Ortega mantiene sobre Nicaragua. De acuerdo a un comunicado publicado por el organismo internacional, esta medida tiene como objetivo que los agentes autorizados como socios de la UE pueden realizar transacciones financieras a las personas y entidades sancionadas «siempre y cuando el objetivo sea prestar asistencia humanitaria».
Sin embargo, la decisión tomada por el organismo internacional generó diferentes opiniones en el sector opositor de Nicaragua. Analistas y organizaciones consideraron que con la flexibilidad de las sanciones la Unión Europea le está dando un «mensaje equivocado a la dictadura».
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A través de su cuenta de X, el politólogo Augusto Centeno expresó que «era de esperarse el cambio de la UE respecto a la situación de Nicaragua, considerando que las sanciones no han surtido el efecto esperado». Agregó que considera que el «espejo» de Nicaragua es Venezuela y que los nicaragüenses verían esa misma política hacia el país.
Centeno comentó que el cambio decidido por la Unión Europea se debe, en parte, «a la ausencia y a la perdida de credibilidad de la oposición política nica». «Es posible que no solo veamos un cambio en la política hacia el régimen, también la disminución de apoyo monetario o cualquier tipo de ayuda a la oposición», señaló.
«La tarea pendiente de la oposición es acordar un programa y formalizar una plataforma política. Hay que ser claros con las limitaciones de la presión internacional: elecciones y negociación», subrayó el politólogo. Tampoco excluyó la posibilidad de que el capital europeo y estadounidense en Nicaragua hagan «lobby para flexibilizar las sanciones económicas».
Esta flexibilidad no es algo nuevo
Aunque el activista y excarcelado político Félix Maradiaga no respaldó la decisión de la organización internacional, destacó que no se debe interpretar que «la Unión Europea ha flexibilizado, en términos generales, todas las sanciones vigentes para cada uno de los regímenes, incluyendo Nicaragua». «Lo que realmente ha ocurrido es que el Consejo Europeo está implementando una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, la Resolución 2664, aprobada el 9 de diciembre de 2022 con 14 votos a favor y ninguno en contra».
La resolución de la ONU indicó que en caso de existir una necesidad de asistencia humanitaria, «los países que han impuesto sanciones pueden hacer excepciones temporales para que las personas sancionadas no sean un obstáculo para la entrega de ayuda a los necesitados». Maradiaga indicó que «esta resolución de la ONU es el resultado de diez años de debates en las Naciones Unidas» y que esta misma «exige que los países hagan ajustes en sus marcos legales, que fue justamente lo que hizo la UE».
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«Si en alguno de los nueve países sancionados se produjera una emergencia humanitaria y, al mismo tiempo, algún ministro o funcionario de ese país estuviera sancionado, la Unión Europea, los Estados miembros y las agencias de cooperación pueden hacer una excepción humanitaria y llevar a cabo trámites con dicho funcionario para que la ayuda llegue a las víctimas o beneficiarios», explicó Maradiaga.
El activista político remarcó que según la normativa de la ONU, el respaldo a actividades que satisfacen las necesidades humanas básicas «no constituye una violación a las congelaciones de activos impuestas por ese órgano o sus comités de sanciones» y que la persona sancionada sigue estando bajo sanción, pero esto «no puede ser un obstáculo para la entrega de ayuda en caso de necesidad humanitaria». Aunque esta norma no estaba designada específicamente para Nicaragua es la que la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, aplicó desde 2018. «No es nada nuevo. Solo se formalizó lo que la Unión Europea ya venía haciendo».
«Es fundamental ejercer la máxima presión sobre la dictadura sandinista de los Ortega-Murillo, para lograr la libertad de todos los presos políticos sin excepción y el fin de esa tiranía. Esto requiere sanciones más focalizadas, dirigidas a quienes han cometido delitos y crímenes de lesa humanidad, a los corruptos y a quienes ayudan a la dictadura a reprimir al pueblo», destacó Maradiaga y sostuvo que «cualquier persona que se considere opositor debe abogar desde sus respectivos ámbitos por sanciones más contundentes, pero esto implica comprender técnicamente las limitaciones o las nuevas normas internacionales en materia de sanciones».
Una vía más segura
El vocero de AVANZA, organización política que fue de las primeras en manifestar su desacuerdo con el cambio de las sanciones en la UE, Enrique Martínez, coincidió en que el único objetivo del organismo internacional es «evitar que las sanciones se conviertan en un medio que obstaculicen la ayuda durante una crisis» «La preocupación enérgica de AVANZA es que los regímenes tomen este tipo de situaciones a su favor, lo interpreten de una forma incorrecta y comiencen a encontrar los vacíos legales sobre esas resoluciones para continuar con sus fines represivos», subrayó el vocero juvenil.
Martínez destacó que «también debemos tener claro que la mayoría de personas que figuran en la lista de de sancionados por la Unión Europea han cometido crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía y no tienen ningún tipo de interés de canalizar algún tipo de apoyo que tenga ese componente humanitario».
«Es importante reiterar el llamado a la Unión Europea para que reafirme su compromiso con la defensa de los derechos humanos y que busque otro mecanismo para trasladar este tipo de ayuda a los países que se encuentren inmersos en conflictos o sometidos bajo alguna dictadura y que ese apoyo llegue directo a la ciudadanía y no con personas intermediarias», dijo el vocero de AVANZA.
El cambio no beneficia a los sancionados
Por otro lado, el activista político y miembro de la agrupación opositora Monteverde Héctor Mairena opinó que el concepto de ayuda humanitaria «no es arbitrario, sino que está definido en la legalización internacional». En entrevista realizada por el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66, en su programa digital En Contacto, Mairena remarcó que el objetivo de la resolución de las Naciones Unidas es «que no hayan sanciones que impidan a sus agencias poder firmar acuerdos y convenios con personas o entidades sancionadas en determinadas situaciones como hambruna, conflictos armados o desastres naturales».
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El activista recordó que durante la pandemia de Covid-19, «Nicaragua recibió ayuda y en ese momento, Monteverde insistió ante las agencias internacionales e instituciones financieras que el apoyo tenía que ser estrictamente fiscalizado, precisamente porque la dictadura no solamente es criminal, también es corrupta y este mismo concepto se lo hicimos ver a los distintos interlocutores».
«Una de las preocupaciones de la Unión Europea es que las sanciones no afecten a las población. Por eso, en el caso de Nicaragua, gran parte de las sanciones han sido individuales y no han aplicado sanciones comerciales, como sí lo ha hecho Estados Unidos en algunos rubros específicos como el oro» comentó Mairena, quien también es miembro de Unidad Democrática Renovadora (Unamos).
«No creo que esta flexibilización beneficie a los sancionados de ninguna manera. El pasado 10 de octubre la Unión Europea renovó las sanciones para 21 funcionarios nicaragüenses (entre los que se incluye la vicepresidenta Rosario Murillo) y para otras tres instituciones. Si se da una situación de catástrofe de esas magnitudes en nuestro país, tendríamos que demandar a estas instituciones una fiscalización estricta del uso y el destino de esos recursos», concluyó Mairena.