El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicó su informe mensual donde se evidencia que en Nicaragua existen ciudadanos privados de libertad por razones políticas. Además, brindaron información sobre las «dramáticas condiciones carcelarias y las graves violaciones a los derechos humanos» que viven en prisión los 91 reos contabilizados.
Según el organismo, para el mes de agosto el número de personas consideradas como presas políticas ascendió a 89. No obstante, en octubre el gobierno procedió a la excarcelación y el destierro de 12 sacerdotes que se encontraban detenidos de manera arbitraria, de los cuales, seis formaban parte de la lista reos políticos.
El Mecanismo de Reconocimiento expresó que hubo ocho personas recientemente añadidas a la lista. Una fue detenida en abril, dos en agosto, y una persona en cada uno de los meses de junio, julio, septiembre y octubre de 2023.
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Irregularidades e insalubridad
El organismo denunció que las personas continúan experimentando una grave violación a sus derechos humanos, resultado de las detenciones a las que son sometidas. «Se ha generalizado la negativa a permitirles contar con abogados de su elección y confianza, así como el acceso a su expediente jurídico para ejercer su defensa, tal como lo establece la ley». En cambio, a los presos políticos se les asigna una defensa pública que parece tener una «clara complicidad» con el sistema judicial.
El Mecanismo reportó que se siguen practicando audiencias judiciales realizadas mediante videollamadas desde los sistemas penitenciarios, «lo que imposibilita la participación efectiva de la persona detenida y, por ende, la garantía de una defensa justa».
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Por otro lado, respecto a las mujeres presas políticas que llevaron a cabo una huelga de hambre en demanda de mejoras en las condiciones carcelarias durante el mes de agosto, «se ha recibido información que algunas de ellas decidieron suspender la huelga para preservar su ya vulnerada salud». La organización aseguró que las demandas no han sido atendidas y que, en su lugar, se les ha impuesto como castigo el aislamiento.
«A estas mujeres presas políticas las han trasladado a celdas con condiciones más insalubres y un mayor aislamiento que las anteriores». Sin embargo, el Mecanismo de Reconocimiento afirmó que actualmente no tienen acceso a la mayoría de la información sobre el estado de salud de las mujeres.
El impacto de tener una persona en la cárcel
Debido a que los presos políticos están encarcelados lejos de sus hogares, «las familias enfrentan significativos impactos económicos, debido al aumento de los costos de transporte y otros gastos asociados».
Se realizó un análisis de datos donde la organización determinó que la mayoría de las personas detenidas por motivos políticos se encuentran dentro de un rango de edad considerado económicamente activo. «Esto tiene serios impactos directos en la calidad de vida de las familias y sushogares, ya que en la mayoría de los casos, estas personas son el jefe familiar».
Como resultado, «se pierde un ingreso económico vital, lo que a su vez aumenta la carga financiera al tener que cubrir los gastos adicionales que se generan cuando un miembro de la familia es detenido», aseguró la organización.
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Las 69 personas se encuentran recluidas en el departamento de Managua, en centros penitenciarios como La Modelo y La Esperanza. Sin embargo, «solamente el 39% de estas personas (26 personas) son originarias de Managua o vivían en esta zona, mientras que el 61% restante (43 personas) provienen de otros departamentos».
«Este hecho pone de manifiesto una práctica premeditada destinada a afectar directamente tanto la economía como la salud emocional de las personas detenidas y sus familias», advirtió la institución. De los 91 reos políticos que actualmente el régimen tiene condenados, nueve personas son adultas mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a las condiciones inhumanas a la que están expuestas.
Para realizar el informe mensual, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas recopila la información por medio de denuncias en redes sociales, monitoreo de medios, y denuncias públicas de familiares o las que realiza la ciudadanía en general a organizaciones de derechos humanos nacionales. Dada la falta de cooperación de las autoridades correspondientes, la organización no ha podido verificar la información en todos los casos y puede contener un margen de error, según advierten.