La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) llevó a cabo un análisis sobre el impacto socioeconómico y psicosocial de los personas encarceladas por el régimen orteguista en Nicaragua. En este estudio se demostró que los familiares de los presos políticos estaban sufriendo un alto nivel de pobreza, debido a las consecuencias que trae consigo el tener a un ser querido en la prisión.
El estudio se realizó durante 2018-2022 y contó con la participación de 93 parientes de los presos políticos, quienes respondieron a entrevistas acerca de sus experiencias y sentimientos frente a la detención arbitraria de un familiar.
Uno de los descubrimientos clave del análisis está relacionado con el impacto económico en las familias de las personas privadas de libertad por razones políticas, ya que la mayoría de los nicaragüenses encarcelados por el régimen eran los responsables del sustento en sus hogares, lo que resultó en un agravamiento de la pobreza en estas familias.
Noticia relacionada: Régimen de Ortega liberará a 500 reos comunes más, pero mantiene encerrados a presos políticos
«El 73% de las personas presas políticas ejercía jefatura de hogar y aportaba un importante porcentaje del ingreso familiar, el cual se vio drásticamente afectado debido a su detención», señaló en la lectura del informe Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica.
Además, se detalló que el ingreso a prisión de un familiar, sumado al aumento de los gastos en envíos y transporte para satisfacer las necesidades de los presos, se percibe como uno de los impactos más devastadores. «Los niveles de pobreza se agudizaron en las familias, las cuales ya estaban en el umbral de la pobreza y, al no poder satisfacer la canasta básica alimentaria, ni los costos de sostenimiento de la vida de su familiar preso, se encuentran en una situación crítica».
Daños en la salud física y mental
La mayoría de los presos políticos han desarrollado nuevas afecciones de salud o han visto empeorar las ya existentes debido a la exposición a torturas, tratos crueles, las condiciones inhumanas de reclusión y la negación deliberada de atención y servicios médicos oportunos y especializados para sus problemas de salud.
«El 82% de presos políticos vieron afectada su salud en los centros penitenciarios en Nicaragua a consecuencia de las malas condiciones de infraestructura y de reclusión en los centros penitenciarios, sumado a la tortura y tratos crueles», menciona el informe.
Además, el análisis reveló que muchas familias ya no pueden costear la atención médica, debido al impacto negativo en su economía familiar.
Noticia relacionada: Opositores retoman campaña para visibilizar a los presos políticos de Nicaragua
El machismo en las cárceles
Otro hallazgo del estudio indica que la violencia propinada por los oficiales bajo el mando de Ortega, ha tenido un impacto negativo en la igualdad de género, ya que las mujeres, en su rol de familiares, han experimentado violencia política antes, durante y después de la detención de sus seres queridos, principalmente a manos de la Policía y el personal de las cárceles.
En las familias de personas detenidas por razones políticas se observa una tendencia al aumento desproporcionado de responsabilidades para las mujeres del núcleo familiar. Según el estudio, esta carga se manifiesta tanto en el trabajo productivo como en el cuidado de dependientes en el hogar.
En el caso de las familias entrevistadas, el 78% de ellas se responsabiliza de menores de edad, personas con discapacidades y adultos mayores. El estudio describe cómo la entrada de una persona en prisión es una doble condena: la que experimenta la persona privada de libertad y la que afecta a su familia.
«Las relaciones intrafamiliares se ven profundamente alteradas, y las familias afrontan las consecuencias a corto y largo plazo en sus vidas. Por lo que se trata de una realidad que requiere intervención y que a menudo pasa desapercibida», finaliza el informe.