Familiares de la opositora y presa política Brenda Lee Baldelomar, originaria de Chinandega, denunciaron que se encuentra mal de salud y sin recibir atención médica.
La ciudadana fue detenida el 17 de abril, en una de las calles de la colonia Roberto González, en la ciudad del occidente de Nicaragua. Fue trasladada al Distritito Tres de la Policía, en Managua, para luego ser recluida en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote».
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Tras más de un mes de detención, Hants Ismael Baldelomar, hijo de la opositora, relató a Artículo 66 que fueron los mismos agentes policiales los que informaron a una familiar de Baldelomar que la presa política presenta problemas de neumonía y dolor de oídos, por lo que les solicitaron antibióticos para mejorar su salud.
«También dijeron que mi mamá no tiene sábanas ni colchoneta, cosa que no entiendo, porque nosotros le habíamos llevado todas esas cosas», agregó el hijo de la opositora.
Por otra parte, Hants refirió que su mamá está sufriendo maltrato por una agente policial. «Una mujer policía la golpeó con el coso (cachiporra) que caminan», denunció.
Los familiares de Baldelomar afirmaron estar preocupados porque temen que su condición de salud empeore. «Hasta el momento no se le ha realizado juicio a mi mamá, no nos permiten visitarla; solo nos reciben la comida y paquetería los días viernes», señaló Hants Baldelomar.
Días después de la detención, la justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega presentó acusación en contra de la chinandegana. Según la información, publicada en el Sistema Nicarao, la causa, con número 007008-0RM4-2023-PN, está radicada desde el 24 de abril, en el Juzgado Cuarto Penal de Managua, a cargo de la jueza Ana María Vado Miranda.
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A como ha sucedido con otros casos políticos, no se detalla el supuesto delito del que se le acusa a Baldelomar, solo se señala que la víctima es «la sociedad nicaragüense y el Estado de la República de Nicaragua».
En los primeros 15 días de este mes, la Policía orteguista secuestró a más de 70 ciudadanos a los que acusó de conspiración contra la patria pero luego los liberó, obligándolos a presentarse de forma periódica a firmar a las diferentes estaciones policiales del país.
Además sigue con su persecución religiosa, secuestrando a varios sacerdotes, entre los que está el padre Jaime Montesinos, párroco de la iglesia San Juan Pablo Segundo, en villa Chagüitillo, del municipio de Sébaco, Diócesis de Matagalpa, a quien acusa de «menoscabo».
