La idea del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump era construir un muro fronterizo que impidiera el acceso a territorio estadounidense a millones de migrantes que iban en busca del sueño americano.
Ya Trump salió del poder y aunque nunca pegó un solo ladrillo para construir su barda, un gigantesco muro legal está impidiendo no solo el acceso a Estados Unidos de miles de nicaragüenses que aspiran vivir en este país, sino también, que amenaza la permanencia de otros millares que lograron entrar entre 2018 y 2022.
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Aunque parezca increíble, iniciativas de leyes propuestas por republicanos antiinmigrantes han tenido, como nunca, el apoyo de sus pares demócratas bajo la administración del presidente Joe Biden.
En este 2023 se han propuesto, discutido, implementado y en algunos casos aprobado, un arsenal de iniciativas legales en Estados Unidos que buscan frenar la migración, expulsar a los indocumentados y penalizar todo tipo de apoyo a migrantes.
Controversial «Ley Dignidad»
La más reciente iniciativa legal se denomina «Ley Dignidad». Fue presentada el 23 de mayo en el capitolio de Estados Unidos y la lidera una descendiente de migrantes: la congresista republicana por el Estado de La Florida, María Elvira Salazar.
La propuesta de reforma migratoria se presentó de manos de un grupo bipartidista de representantes que buscan reducir la llegada de migrantes y establecen cobros para regularizar el estatus legal a unos 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país. La «Ley Dignidad» establecería «medidas más duras y penas más altas» para la migración irregular, aseguró a la Voz de América la autora de la propuesta.
Salazar dice que la ley incluye vías en las que los migrantes indocumentados, deberán pagar por acceder a un estatus legal y que no le costaría un centavo ese proceso a los contribuyentes estadounidenses.
El proyecto de ley establece la creación del “Programa Dignidad”, que otorgaría un estatus legal a personas indocumentadas por siete años con posibilidad de ser renovado, por un cobro total de 5,000 dólares en cuotas anuales, pero antes deberán pasar por una verificación de antecedentes penales y auditorías por pagos de impuestos, a la vez que estarán obligados a prestar servicios comunitarios.
Quieren que los migrantes paguen por la ley
La intención, según expusieron los congresistas, sería limitar el acceso actual de las personas indocumentadas a servicios públicos como hospitales y escuelas, y obligarles a financiar sus propios seguros médicos o educación privada mientras pagan por mantener su estatus legal.
«Aquí nadie puede vivir de gratis…no quiero que nadie confunda amnistía con dignidad. La amnistía es lo que tienen actualmente los indocumentados, con la Ley Dignidad, cada quien paga por lo que debe», dijo Salazar.
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La ley también contempla la construcción de campos de migrantes y centros de procesamiento donde se detendrán a los migrantes por 60 días mientras se procesa su caso, para evitar que los migrantes burlen la autoridad migratoria mientras se encuentran en libertad condicional.
Los fondos recolectados en la implementación de la ley se usarían para financiar programas de reeducación para estadounidenses “que sientan que han perdido su trabajo a manos de un inmigrante”. Las congresistas aseguraron que comenzarán conversaciones con ambos partidos para asegurar que la medida sea aprobada en la Cámara y en el Senado.
La ley también demanda que todos los empleadores utilicen el sistema E-Verify en línea en todo el país para evitar el empleo a indocumentados.
A tono con la Ley de DeSantis
Este último aspecto de usar el sistema E-Verify en la nueva propuesta de ley, se basa en la propuesta de la más dura legislación antiinmigrante que se aprobó en la Florida, uno de los Estados que más atrae a los migrantes nicaragüenses y latinoamericanos.
El padre de la ley es el gobernador republicano Ron DeSantis, quien obligará, a partir del 1 de julio, a todos los empleadores privados en el estado con más de 25 trabajadores a que usen la aplicación E-Verify.
DeSantis firmó este mes una ley que sanciona con cárcel y multas no solo a migrantes, sino también a residentes, ciudadanos, empresarios y funcionarios que apoyen a migrantes en condiciones irregulares
La ley de DeSantis es considerada la legislación más discriminatoria contra los migrantes en todo Estados Unidos, al impedir a los migrantes su libre movilización, empleabilidad, atención sanitaria y acceso a servicios básicos humanitarios.
Le ley incluso castiga con hasta cinco años de cárcel a quienes transporten, alojen o no reporten a migrantes indocumentados ante las autoridades.
La rudeza del título 8
Al finalizar este mes el título 42, una disposición migratoria que permitió el ingreso de millones de migrantes desde el tiempo de la pandemia, Estados Unidos ha implementado y endurecido el título 8, que sustituye la anterior medida fronteriza.
A partir del 12 de mayo, las familias migrantes que no califiquen para los requisitos de asilo en la frontera de Estados Unidos y México, serán devueltas en un periodo de 30 días de iniciado el procedimiento de remoción, informó entonces el secretario de Seguridad Nacional de E.E.U.U, Alejandro Mayorkas.
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Este anuncio se enmarca dentro de la puesta en marcha de nuevas reglas bajo el Título 8, que quedó en pie tras el fin de las restricciones sanitarias de la era COVID-19, que acabaron el 11 de mayo.
La derogación del Título 42, aplicado durante lo peor de la pandemia, trae un endurecimiento en las condiciones de asilo para los migrantes irregulares que llegarán a la frontera.
Las familias que no utilicen las vías legales para emigrar a E.E.U.U, serán «colocadas en procedimientos de remoción acelerada y aquellas que reciban una determinación final negativa de temor creíble generalmente serán deportadas dentro de los 30 días de haber sido colocadas en esos procedimientos», dijo Mayorkas ante periodistas en la Casa Blanca.
Grilletes electrónicos y expulsión masiva de familias
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de E.E.U.U (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a la vez un nuevo proceso para «las unidades familiares detenidas en la frontera suroeste que son procesadas para una deportación acelerada e indican la intención de solicitar asilo o expresan temor de persecución o tortura».
Denominado Family Expedited Removal Management (FERM), la medida es un mecanismo para la gestión de expulsión acelerada de familias, bajo el que se colocará a “ciertos jefes de familia” un monitor de tobillo con tecnología GPS que permitirá “el rastreo continuo y los hará sujetos a un toque de queda”.
Las familias “no deben escuchar las mentiras de los contrabandistas. Al igual que los adultos solteros, los no ciudadanos que viajen con sus hijos y que no tengan una base legal para permanecer en E.E.U.U serán expulsados rápidamente y se les prohibirá el reingreso durante al menos cinco años”, advirtió el ICE.
¿El fin del parole humanitario?
La administración Biden ha enfrentado numerosas críticas, tanto de republicanos que abogan por un manejo más duro de la crisis migratoria, como de demócratas y activistas que afirman que estas nuevas medidas no garantizan los derechos de los migrantes.
Para detener el flujo de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, Biden activó el enero de este año un programa de parole humanitario para permitir a los migrantes de ese país ingresar legalmente a Estados Unidos mediante una selección mensual de 30,000 casos.
La ventana del parole ha disparado la demanda de este tipo. Según fuentes periodísticas estadounidenses, actualmente hay 1,5 millones de solicitudes pendientes de ser procesadas por las autoridades migratorias.
Sin embargo, el 24 de enero pasado, 20 Estados presentaron una demanda contra la administración Biden pidiendo al Tribunal Federal de Texas que detenga el programa de parole humanitario.
El programa se mantendría vigente al menos hasta el próximo 12 de junio, fecha en la cual está programada la audiencia por la demanda para cancelarlo. El juicio duraría entre 2 y 12 días y de ser cancelado se detendrían de inmediato los permisos humanitarios del parole.
¿Fin del asilo político y parole?
Otra de las iniciativas legales impulsadas en Estados Unidos este año es la Ley de Seguridad Fronteriza 2023, impulsada por republicanos. Este mes la cámara baja aprobó con 219 frente a 213 votos el proyecto de ley, con ningún demócrata a favor y un republicano en contra.
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Las nuevas normas también reanudarían la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur y ampliaría los esfuerzos federales para hacer cumplir la ley. El paquete legislativo, que Biden promete vetar, establecería límites estrictos a los solicitantes de asilo político y les obligaría a pedir protección estadounidense fuera del país, bloquearía iniciativas como el parole y endurecería los requisitos para regularizar a migrantes indocumentados.
La propuesta ha sido aprobada en una primera etapa, pero faltan dos rondas más de votaciones antes de llegar al escritorio de Biden.
Nicas los menos beneficiados con visas
Nicaragua es el país de Centroamérica con la aprobación más baja de visas de turismo B1 y B2, según cifras de la oficina de asuntos consulares. En 2022 fueron aprobadas 16.029 visas B1 y B2 para nicaragüenses, una cifra relativamente baja en comparación a su país vecino Costa Rica, con 64.221 en el mismo período.
Por otro lado, Nicaragua, en general, encabeza la lista de negación de visado tipo “B” en la región centroamericana, con un 50,81%; seguido de El Salvador con un 45,46% y Honduras, con un 30,47%.
Estados Unidos ofrece más de 20 tipos de visa de no inmigrante para personas que viajan a este país temporalmente; en el caso de las B1 y B2 es otorgada para negocios y turismo.
De acuerdo con la ley estadounidense, hay muchos estándares bajo los cuales se puede denegar una solicitud de visa, como el hecho de que un funcionario consular no tenga toda la información requerida para determinar si el solicitante es elegible para recibirla, o porque el solicitante no califica para la categoría de visa para la cual solicitó.
Nicaragua es el país más grande de Centroamérica con un poco de más de 6 millones de habitantes, según el censo más reciente. Entre 2018 y 2022, se estima que casi 600,000 nicaragüenses migraron a varios países, principalmente a Estados Unidos, Costa Rica, España y otros países de la región.
