Rusia aseguró que doce miembros de su misión diplomática en la Organización de Naciones Unidas (ONU) fueron declarados non gratos en Estados Unidos, y tienen hasta el 7 de marzo para salir del país norteamericano.
A su vez, la Unión Europea añadió a 26 empresarios, oligarcas y periodistas rusos a la lista de sancionados, con lo que ya suman 680 personas y 53 entidades con medidas restrictivas que incluyen la congelación de activos y la restricción de tránsito. El bloque envió más armamento a Ucrania. Suiza también se sumó a las sanciones a los bancos rusos.
Rusia también quedó fuera del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, y Facebook restringió el acceso a medios de comunicación rusos en la Unión Europea.
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La ONU pidió un «alto al fuego de manera inmediata» en una sesión especial, y la Corte Penal Internacional podría iniciar una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometido por cualquiera de las partes en el territorio de Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció medidas en respuesta a las sanciones contra su Gobierno, entre ellas, los residentes no podrán transferir divisas al extranjero, y cerró el espacio aéreo a Alemania, España, Italia, Francia y otros países.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó la solicitud para la entrada de ese país a la Unión Europea. La Comisión Europea consideró que la indignación de los Estados miembros por la invasión rusa y la opinión pública serán factores que determinarían la respuesta del bloque. Ucrania también ofreció amnistía y una «compensación» de unos 50 mil dólares a los soldados rusos que depongan las armas.
Hasta el momento, ambos gobiernos no han llegado a ningún acuerdo, mientras el Vaticano se mostró dispuesto a ayudar en las negociaciones.
Este lunes, 28 de febrero, se realiza el juicio político contra el opositor Irving Larios, de 62 años. El líder opositor fue detenido arbitrariamente el 20 de septiembre de 2021 por la Policía, bajo la controversial Ley 1055 o Ley de Soberanía.
El economista, sociólogo y presidente de Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES) es señalado del presunto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real por el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación en perjuicio del Estado»
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el proceso judicial de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como «sesiones de torturas» y demandó la liberación del preso político.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que una vez más el Ministerio de Gobernación (Migob) se negó a recibirles el informe financiero anual que como institución está obligada a cumplir. La denuncia de la organización se realiza en medio de cancelaciones de decenas de oenegés.
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Desde 2018, el régimen ha ilegalizado al menos 90 organizaciones sin fines de lucro bajo el argumento de que incumplieron con la ley de Agentes Extranjeros, no presentaron la documentación debida y se encuentran acéfalas. Las ONG han desmentido al ministerio, asegurando que este se negó a recibirles los informes. Escuchemos al secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona:
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciará este miércoles, dos de marzo, la cadena de violaciones a los derechos humanos perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, incluyendo el encarcelamiento de casi 40 líderes de oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos.
Igualmente, denunciará que «los procedimientos judiciales contra los 39 detenidos no respetaron las garantías básicas de un juicio justo. Además, 35 permanecen en el complejo Evaristo Vásquez Sánchez de la Dirección de Auxilio Judicial, en condiciones que violan los estándares internacionales». El informe también reprocha que Ortega restrinja el contacto de niños con sus madres y padres presos políticos.
