Cuba envió a Nicaragua una partida de dosis de Soberana Plus, una de sus vacunas contra el COVID-19, para la inmunización de menores de la nación centroamericana, informó el Instituto Finlay de Vacunas.
La institución científica cubana, que desarrolló esta fórmula y otra llamada Soberana 02 contra el virus, divulgó en Twitter la información, acompañada por una foto con el cargamento, que se aplicará en dosis de refuerzo. No indicó cuántas dosis se suministraron.
Cuba ya envió a finales de 2021 un millón de dosis de su vacuna Abdala a Nicaragua. Este cargamento forma parte de los 7 millones de dosis de Soberana Plus fabricados en la isla y con destino a la campaña de inmunización voluntaria contra el COVID-19 que se aplica a la población nicaragüense, según indicaron medios locales. Médicos independientes han denunciado al régimen por usar a la niñez como «experimento» con vacunas cubanas.
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La Presidencia decidió dar por terminado el nombramiento de Miriam Raudez como ministra de Educación y en su lugar ubicó a Lilliam Esperanza Herrera Moreno, mediante acuerdos presidenciales publicados en el diario oficial La Gaceta el jueves.
El cambio se da a pocos días del inicio del año escolar en el país, programado para el 24 de enero, y el establecimiento del nuevo periodo de la pareja presidencial Ortega-Murillo. «Tenemos nueva ministra de Educación y nuestro profundo agradecimiento a la lealtad, a la agilidad y actividad permanente de la profesora Miriam Raudez, quien va a desempeñar otras tareas que estaremos comunicando en los próximos días», confirmó la vicemandataria, Rosario Murillo.
El mandatario Daniel Ortega nombró a Wilfredo Jerónimo Jarquín Lang en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua en Cuba, mediante acuerdo presidencial. Jarquín Lang sustituye al coronel en retiro Reynaldo del Carmen Lacayo Centeno, cuyo nombramiento fue cancelado el miércoles, cinco de enero, a menos de 30 días de estar en el cargo. Este es el cuarto embajador que nombra Nicaragua en Cuba en casi 15 años.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán (MOFA por sus siglas en inglés) le exige una respuesta al exembajador en Nicaragua, Jaime Chin-Mu Wu, a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgó ciudadanía nicaragüense en menos de 24 horas de haber roto relaciones con el país asiático, informó el diario Taipéi Times.
Taipéi ha contactado a Wu en privado para que brinde explicaciones y aclare las dudas del público que existen en torno a esta situación. El exdiplomático y su esposa, Chun-Chiao Wu Liu (Cindy Wu), recibieron la nacionalidad nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega, un día después que Nicaragua reconociera como «único Estado a la República Popular China», el nueve de diciembre de 2021.
Wang Ting-yu, legislador del Partido Democrático Progresista (DPP), manifestó en su cuenta de Facebook que el exembajador taiwanés debió «haberse esforzado por el bien común de la nación», reveló Taipéi Times.
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Agregó que sus acciones, incluida la aceptación de la ciudadanía nicaragüense y la permanencia en el país centroamericano después de que cortó los lazos con Taiwán, demuestran que no tiene ninguna ética profesional, lo que debería ser condenado por el público, reporta el medio. El legislador propuso a las autoridades de Taipéi discutir si congelar la pensión de Wu o emprender acciones legales.
Organizaciones opositoras nacionales e internacionales instan a la ciudadanía nicaragüense a protestar este próximo 9 y 10 de enero contra la «farsa investidura» de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reelectos en la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en un viciado proceso electoral. La ceremonia de juramentación es calificada como el «segundo acto del teatro electoral» del régimen.
Mediante un comunicado, firmado por la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), Concertación Abril, Movimiento por el Cambio, Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, Unidad Nica, Unidos por Nicaragua y SOS Nicaragua Europa, se detalla la planificación de una «protesta mundial» para el nueve de enero titulada «Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado», con el fin de demostrar el «repudio» de la población nicaragüense al régimen de Ortega-Murillo.
Organizaciones de oposición, desde Nicaragua y el exilio, rechazaron un «falso» diálogo nacional en el país, y exigieron al régimen de Daniel Ortega las condiciones habilitantes que debe cumplir para un proceso que «conduzca al restablecimiento de la democracia».
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), Nicaragua Freedom Coalition, Movimiento Campesino en el exilio, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), entre otras organizaciones, emitieron una declaración conjunta en la que reclaman el cumplimiento de «demandas imprescindibles e irrenunciables», iniciando por la libertad inmediata e incondicional de los 170 presos políticos. Solicitan que representantes de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea conforme un cuerpo encargado de «vigilar y reportar periódicamente el cumplimiento de las condiciones habilitantes».