Organizaciones de oposición, desde Nicaragua y el exilio, rechazaron un «falso» diálogo nacional en el país, y exigieron al régimen de Daniel Ortega las condiciones habilitantes que debe cumplir para un proceso que «conduzca al restablecimiento de la democracia».
Ortega anunció a inicios de 2021 su interés de un acuerdo o diálogo nacional después de las cuestionadas eleciones generales, efectuadas en noviembre. Dejando en claro, luego, que no se sentará con la oposición, a la que tilda de «vendepatria». Tras las elecciones, la comunidad internacional reaccionó calificándolas de ilegítimas y llamando a la dictadura a iniciar un diálogo nacional para superar la crisis en Nicaragua.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), Nicaragua Freedom Coalition, Movimiento Campesino en el exilio, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), entre otras organizaciones, emitieron este jueves, seis de enero, una declaración conjunta en la que reclaman el cumplimiento de «demandas imprescindibles e irrenunciables para iniciar una transición pacífica y cívica hacia la democracia», cuyo esfuerzo se deberá realizar con la participación efectiva de representantes de la oposición.
Para hacer efectivo el proceso, solicitan el establecimiento inmediato de un cuerpo de garantes internacionales compuesto por representantes de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea. «Este cuerpo vigilará y reportará periódicamente el cumplimiento de las condiciones habilitantes».
Como prioridad señalan la libertad inmediata e incondicional de los 170 presos políticos víctimas de tratos inhumanos, degradantes, de aislamiento y tortura, y otros que han sido arbitrariamente capturados y procesados, así como la nulidad de los procesos penales para restituir sus derechos civiles y políticos.
También demandan el cese del estado policial y desarme de grupos paramilitares, el retorno seguro de los exiliados, la restitución de las garantías civiles y políticas, y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país. Obligaciones que fueron establecidas en el Acuerdo firmado en marzo de 2019 por representantes del régimen y la oposición, e incumplidas a la fecha.
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La oposición agregó a las mismas la devolución de la personería jurídica y de los bienes de las organizaciones de la sociedad civil que han sido despojadas, la devolución de los medios de comunicación a sus propietarios, entre ellos el diario La Prensa, y el cese de allanamientos ilegales.
Piden la derogación de las recientes leyes aprobadas por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, calificadas de represivas contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ONG. También, el retorno inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas. A su vez, urgen el cumplimiento de la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, el 8 de diciembre de 2021, donde se le pedía a Nicaragua que permitiera el ingreso de una misión de alto nivel al país.
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Ortega, por su parte, ha ignorado las solicitudes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reportó en diciembre que el régimen no contestó a la solicitud de la resolución acordada el pasado 8 de diciembre, y requirió al Consejo Permanente alargar el plazo hasta mediados de enero del presente año.
