Los cuatro precandidatos presidenciales que se encuentran privados de libertad por órdenes de la dictadura Ortega-Murillo junto a los dirigentes políticos recientemente capturados, los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y los más de 120 reos políticos están sufriendo ensañamiento de parte del régimen desde el momento de su captura, ya que no les han permitido ejercer su derecho a la defensa ni el respeto a sus derechos constitucionales, según explicó el abogado Róger Reyes, defensor del aspirante presidencial Félix Maradiaga.
Reyes explicó a Artículo 66 que el ensañamiento se da desde el mismo momento de sus capturas han sido ejecutadas sin una orden judicial como manda la ley, luego no les permiten asistencia legal de un abogado de su elección y así los presentan a audiencias donde se supone que se debe tutelar sus derechos constitucionales y más bien se insiste en violarlos, porque además de no permitirles la presencia de sus respectivos defensores, tampoco se respeta el debido proceso.
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En el caso de Félix Maradiaga, aspirante a la Presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización perteneciente a la Coalición Nacional, fue capturado el ocho de junio cuando salía de una «entrevista» para la que fue citado al Ministerio Público, donde le notificaron que se le estaba abriendo una investigación por supuestamente violar la Ley 1055, conocida como Ley Soberanía.
Minutos después de abandonar las instalaciones de la Fiscalía, un fuerte dispositivo policial lo emboscó y lo apresó tras darle golpes en el rostro y se lo llevó a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial donde fue encerrado sin permitirle hablar ni con su abogado, que estaba presente a la hora del violento arresto, y tampoco con sus familiares.
Maradiaga fue presentado 48 horas después a la audiencia de tutelas de garantías constitucionales donde un juez orteguista le decretó detención judicial por 90 días sin que le dieran oportunidad de defenderse, pues no se le permitió la presencia de su abogado.
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«Hay ensañamiento desde el momento que los capturan sin orden judicial, desde que no se les permite un debido proceso y el derecho a la defensa. Además ni siquiera se respeta la presunción de inocencia. Todos sus derechos están siendo violentados por tanto el proceso al que está siendo sometido Félix Maradiaga y todos los otros precandidatos y dirigentes políticos es de nulidad absoluto y en su debido momento vamos a recurrir de nulidad absoluta contra lo actuado por los judiciales», recalcó el jurista a cargo de la defensa del opositor Maradiaga.
En tanto, Cristiana Chamorro, que lleva ya diez días de arresto domiciliar, también ha sido víctima de todo tipo de arbitrariedades de parte de los aparatos represivos de la dictadura. Su abogada defensora, Orieta Benavides, logró hablar con ella por 30 minutos el martes, ocho de junio, es decir, seis días después del allanamiento a su casa. La abogada dijo a medios de comunicación que durante el encuentro se concentraron en hablar del proceso que ha estado plagado de inconsistencias.
La defensora de Chamorro Barrios confirmó, después de ese encuentro con su defendida, que el tres de junio la jueza Karen Chavarría realizó la audiencia inicial en el domicilio allanado. Le nombraron como abogada de oficio a María Verónica Nieto, pese a que la precandidata presidencial les insistió en que tenía a su defensora y aún así realizaron la audiencia.
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«Cristiana pidió a viva voz a la judicial que se me notificara a mí y que se me tuviera a mí como defensora, porque estaba en indefensión. Eso es un hecho relevante porque el procesado tiene derecho a un abogado de su elección y la naturaleza del defensor público es en aquellos casos cuando el procesado no ha nombrado a un defensor con anterioridad y yo estoy apersonada desde las diligencias del Ministerio Público», sostuvo la abogada Benavides, reforzando el planteamiento del abogado Reyes de que todos los procesos contra los precandidatos son nulos.
Por su parte, Elton Ortega, abogado defensor de Arturo Cruz, precandidato presidencial inscrito como tal en la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), logró visitar a su defendido el nueve de junio en El Chipote. Luego de salir de la visita, Ortega comentó brevemente al medio de comunicación 100% Noticias que el exembajador en Washington, no ha sido golpeado y que hasta el momento lo han tratado bien. Tanto el abogado como los familiares de Cruz Porras afirman que la Policía ha estado recibiendo el medicamento, ropa y alimentos, aunque a ellos ni siquiera les habían confirmado legalmente, que él estuviera en las celdas de El Chipote.
«El juez me concedió autorización de visita. Lo pude ver y entrevistarme. No lo han golpeado, dice que lo han tratado con decencia, le permiten los alimentos y (objetos de) aseo personal, está solo en una celda», dijo Ortega; a quien tampoco le permitieron ejercer la defensa de Cruz desde el momento de su captura ni estar presente en la audiencia donde le impusieron 90 días de detención judicial.
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Arturo Cruz fue detenido el cinco de junio en el Aeropuerto Internacional de Managua, cuando regresaba de Estados Unidos. También lo acusan por supuestamente violar la Ley No. 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz», norma jurídica que fue diseñada por la dictadura Ortega-Murillo con la clara intención de inhibir a los aspirantes presidenciales de la oposición.
En tato, Ana María Chamorro, hermana del cuarto aspirante presidencia, detenido también el ocho de junio por la noche, Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia (ACJD); informó a este medio de comunicación que han estado llevando desayuno, almuerzo y cena a las instalaciones de El Chipote presumiendo que está ahí, pero hasta ahora, después de tres días de habérselo llevado, la Policía no les ha dicho oficialmente que esté en esas celdas.
«Nosotros henos estado llevado alimentos, desayuno, almuerzo y cena al Chipote porque asimismo que lo tengan ahí y aunque la Policía nos recibe todo, no sabemos si realmente se los entregan a Juan Sebastián y ni siquiera estamos seguros que esté ahí porque oficialmente no han dicho que esté en ese lugar. Para nosotros Juan Sebastián está desaparecido porque oficialmente no nos han informado de su paradero, ni a los familiares ni su abogado», denunció la hermana del aspirante a la Presidencia.
Pallais, con múltiples padecimientos
El político opositor José Pallais, de 68 años, un fuerte crítico contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue apresado la mañana del nueve de junio en su casa en el departamento de León y supuestamente trasladado a Managua.
El exvicecanciller de Nicaragua padece múltiples enfermedades como afectaciones cardíacas, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, glaucoma y afectaciones en la columna. Todo eso conforma un cuadro de altísimo riesgo. A ello se agrega su edad, también como un factor adicional, según hizo público la esposa del político rehén de la dictadura. Además, como al resto de opositores detenidos, Pallais no ha tenido derechos a que se le lleve un proceso ajustado al debido proceso.
Finalmente, la activista opositora Violeta Granera fue víctima de allanamiento de su casa y maltrato físico por parte de oficiales de la Policía que la golpearon y la esposaron dentro de su propia vivienda donde lleva ya tres días bajo arresto domiciliario e incomunicada sin derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección.