El Poder Judicial de Nicaragua, subordinado al matrimonio Ortega-Murillo, decretó 90 días de cárcel para ampliación de las investigaciones a los dirigentes opositores Violeta Granera, que se encuentra incomunicada y bajo vigilancia policial en su casa; y José Pallais Arana, que fue capturado en su casa en León y trasladado a las cárceles de El Chipote, en Managua.
Según un comunicado dado a conocer la tarde de este viernes, 11 de junio, a Granera le realizaron la llamada audiencia de tutelas de garantías constitucionales el jueves y a Pallais el viernes y en ambos casos, los judiciales orteguistas a cargo de los casos aceptaron la solicitud del Ministerio Público de decretar detención judicial por 90 días.
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«El día de ayer, 10 de junio, se presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para ampliación del plazo de investigación complementaria y detención judicial en contra de Violeta Mercedes Granera Padilla, por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”», indica el comunicado de la Fiscalía e inmediatamente agrega que «la solicitud fue admitida por el judicial en audiencia especial y dictó detención judicial por 90 días».
Granera Padilla es una activa opositora al régimen de Daniel ortega y Rosario Murillo y pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y a la Coalición Nacional (CN). El ocho de junio, en horas de la noche, su casa fue allanada por efectivos policiales los que irrumpieron en las habitaciones para apresarla. Durante el operativo, la dirigente opositora fue golpeada y esposada; según denunciaron.
Por «celebrar» sanciones
Además, el comunicado de la Fiscalía, el órgano represor de la dictadura encargada de presentar las acusaciones contra los opositores, indica que esa institución presentó solicitud de detención judicial en contra del doctor José Pallais, para investigarlo por, supuestamente haber «exaltado y celebrado» sanciones. La solicitud fue aceptada, por lo que el dirigente opositor recibió también un fallo de 90 días de cárcel para investigaciones.
«El día de hoy (11 de junio) se presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir ampliación del periodo de investigación y detención judicial en contra de José Bernard Pallais Arana, por estar siendo investigado por tener fuertes indicios de que ha estado atentando contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley 1055», dice el comunicado, que sigue un mismo machote para los más recientes capturados dirigentes de la oposición.
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Agrega que «además, presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia y la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua y ha incitado públicamente en foro nacionales e internacionales, a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país, sus instituciones y sus ciudadanos, y ha demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones en contra del Estado y sus ciudadanos», informa la institución orteguista.
«La Audiencia especial se llevó a cabo hoy mismo, la solicitud fue admitida por el judicial y se dictó detención judicial por 90 días», finaliza el comunicado. Familiares del dirigente opositor han denunciado que corre graves riesgos al estar encerrado en una celda porque padece múltiples enfermedades que no puede atender adecuadamente en la cárcel.
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Los abogados defensores de los cuatro precandidatos presidenciales, los dos dirigentes políticos y los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recientemente encarcelados por la dictadura, alegan que a todos ellos se les han violado sus derechos constitucionales y el debido proceso al no respetar su derecho a la defensa. «Todos los procesos son de nulidad absoluta al haberse violado el derechos a la defensa y el debido proceso además de que se les violentó sus derechos constitucionales», dijo a Artículo 66 el abogado Roger Reyes, defensor del precandidato presidencial Félix Maradiaga.
