A través de una declaración la Unión Europea (UE) expresó su enérgica condena a las acciones represivas dirigidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra destacados miembros de la oposición nicaragüense. La escalada de violencia llevó a la dictadura a poner tras las rejas a cuatro precandidatos presidenciales, dos activistas políticos, a dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y hasta un expresidente del sector privado, acciones ejecutados en menos de una semana y a menos de cinco meses para unas eventuales elecciones presidenciales.
Esos acontecimientos llevaron a la UE a considerar que la situación que enfrenta Nicaragua es un «deterioro de la situación política». Bruselas a través de un escrito con fecha de este diez de junio reprochó «las acciones de las autoridades nicaragüenses contra partidos políticos de oposición, medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil, incluyendo la detención sistemática y el arresto de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición».
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Bruselas, en voz de su alta representante, demanda la la liberación inmediata e incondicional de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguerri, José Pallais y Violeta Granera y todos los demás presos políticos, garantizando el respeto de sus derechos humanos y derechos civiles y políticos.
«El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de partidos de oposición contradicen los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense bajo la Constitución de Nicaragua y el Derecho Internacional», indica el pronunciamiento.
La UE recuerda que este escenario resta aún más las posibilidades de que en Nicaragua pueda celebrarse un proceso electoral libre, transparente y creíble, misma línea que se viene dibujando desde que el régimen se negó a establecer unas reformas electorales apegadas a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y que, por el contrario, apostaron a unos ajustes todavía más apegados a los designios de los Ortega-Murillo.
«La UE reitera su llamamiento para el restablecimiento de un diálogo incluyente y de la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y deben garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país», reitera el organismo internacional.
Pese a esto, la Unión Europea sigue instando a la administración de turno en Nicaragua a derogar leyes restrictivas, a entablar un diálogo y respetar el estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua.
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La cacería de Ortega también apunta a la prensa independiente. Intenta vincular a hombres y mujeres de prensa en supuestos actos de lavado de dinero, donde pone como cabecilla a Cristiana Chamorro. A la aspirante presidencial la señala de mover fondos de forma ilícita con la ahora cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Por ello, ha puesto a desfila a casi una treintena de periodistas para ser entrevistados.
Mientras, al resto de encarcelados les ha montado su Ley de Soberanía, para designarlos como «traidores de la patria y promotores de sanciones» contra el círculo más cercano a la pareja presidencial.
