La Ley Renacer, que impulsan senadores y congresistas norteamericanos para aplicar sanciones y presionar al régimen de Daniel Ortega para que regrese al país a las sendas de la democracia, podría ser estrenada con el propio dictador Daniel Ortega, tres de sus hijos que aún no están en la lista de Estados Unidos, el Ejército de Nicaragua y varios de sus principales mandos.
Según la activista por la democracia de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, Damaris Rostrán, la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Renacer, estará en los comités del Congreso norteamericano esta semana para ser analizada y dictaminada, pero por ser una iniciativa bipartidista, es probable que no tenga muchas enmiendas, por lo que podría pasar a las cámaras del Legislativo de Estados Unidos a finales de mayo o inicios de junio.
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Rostrán aseguró, en entrevista por vía telefónica con Artículo 66, que su grupo presentó en las oficinas del congresista Albio Sires y del senador Bob Menéndez una lista de operadores políticos y financieros de la dictadura de Nicaragua y les solicitan que sean los primeros en ser sancionados una vez sea aprobada la Ley Renacer.
De acuerdo con la activista opositora radicada en Estados Unidos, la Ley Renacer muy probablemente sea estrenada aplicándola al propio jefe de la dictadura Daniel Ortega, junto a sus hijos Camila, Luciana y Maurice, todos Ortega-Murillo, que se han convertido en saqueadores del presupuesto público desde empresas que han fundado con tráfico de influencias.
Además, la lista para sanciones propuestos por la diáspora nicaragüense incluye al Ejército de Nicaragua como institución y a siete de los principales jefes militares.
«Hemos impulsado el tema de las sanciones porque entendemos que es lo que más le duela al dictador y por ello estamos pidiendo que sean personales, individuales a los operadores del régimen. Debemos recalcar que estas sanciones son individuales, la Ley tiene nombre y apellido, los dictadores están manipulando al pueblo de Nicaragua diciendo que estas sanciones son contra el pueblo y no es así, las sanciones tienen nombre y apellido y es individual contra los dictadores y sus colaboradores que mantienen reprimido al pueblo», insistió Rostrán.
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Agregó que «estamos empujado el tema del Ejército porque estamos claros que el Ejército es copartícipe de los asesinatos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Hay reportes técnicos por ejemplo del uso de RPG-7 (lanzacohetes antitanques), los disparos en la cabeza que debieron ser ejecutados por especialistas, un franco tirador, también sabemos que tienen negocios en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, hacia ellos apuntamos las sanciones».
Explicó que están pidiendo que las sanciones con la Ley Renacer sean aplicadas directamente a la familia dictatorial y a todo el círculo de colaboradores y operadores que le han ayudado a establecer y fortalecer el Estado dictatorial con que tienen sometido al pueblo de Nicaragua.
La lista entregada a los congresistas y senadores incluye a al menos 100 colaboradores cercanos a los Ortega-Murillo, ente ellos alcaldes, vicealcaldes, militantes del FSLN identificados como represores y obstaculizadores de la democracia, diputados, más policías, militares e hijos de Ortega.
Ley Renacer es fuerte contra la dictadura
«La Ley Renacer deja claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva legislación alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo: elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021» , dijo el senador Bob Menéndez al presentar la iniciativa junto al congresista Sires.
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«Funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega; familiares del presidente Daniel Ortega; miembros de la Policía Nacional; miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua (Ejército); miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua; miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares; personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno de presidente Daniel Ortega, su partido o su familia; e individuos identificados en el informe requeridos por la sección 8 como involucrados en actos de corrupción pública en Nicaragua», establece la nueva Ley de sanciones.
Rostrán finalizó destacando que están «cabildeando con las diásporas de Canadá y Europa para que también gestionen ante sus respectivos congresos para que se apliquen más acciones».
