La nueva iniciativa de senadores estadounidenses denominada «Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), con la que Estados Unidos, sus socios diplomáticos en el mundo y los organismos internacionales pretenden aplicar más sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, ya está en manos de los senadores para su aprobación.
Tanto el sitio oficial de internet del Comité de Relaciones Exteriores del Senado como el del senador Bob Menéndez, quien es el promotor de la iniciativa, confirmaron que la propuesta de legislación ya fue introducida al Congreso este jueves, 25 de marzo, y se encuentra en ruta de aprobación, lo que podría ocurrir próximamente.
Noticia relacionada: Senadores proponen «apretar tuercas» con Ley Magnitsky y aplicarla a familiares de sancionados
«El senador estadounidense Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, estuvo acompañado por los senadores Marco Rubio (republicano por Florida) y Tim Kaine (demócrata por Virginia), miembro destacado y presidente del subcomité en el hemisferio occidental, y los senadores Dick Durbin (Demócrata por Illinois), Ben Cardin (Demócrata por Maryland) y Chris Murphy (Demócrata por Connecticut) en la introducción de una nueva legislación bipartidista para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos, incluidas las sanciones específicas, para impulsar las elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021», dice el sitio web del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Ortega llama «sinvergüenza» a Estados Unidos pero les dice que quiere buenas relaciones. Foto: Internet.
La legislación que podría ser aprobado en los próximos días, de acuerdo con la información expuesta en la página oficial del Senado, propone nuevas «iniciativas para abordar la corrupción del gobierno del presidente Daniel Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. El proyecto de Ley Renacer también requiere que el gobierno estadounidense aumente sanciones coordinadas con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea, y fortifique los informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua».
Por su parte, el senador Menéndez destacó que «el proyecto de Ley Renacer deja sumamente claro que los Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva propuesta alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo singular, (que es) permitir elecciones democráticas en Nicaragua este noviembre de 2021».
Noticia relacionada: Estados Unidos a Ortega: «Cambie de rumbo, respete derechos humanos y libertades» o habrá más sanciones
El senador Marco Rubio, copatrocinador de la iniciativa contra los Ortega-Murillo, expuso que «mientras el corrupto régimen de Ortega continúa socavando el orden democrático y las libertades básicas, Estados Unidos debe alinear nuestros esfuerzos diplomáticos con las sanciones específicas existentes contra los funcionarios del régimen
Y agregó que «a medida que el régimen planea celebrar elecciones, debemos asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados estén creando nuevas iniciativas para abordar la corrupción de Ortega, los abusos de derechos humanos y la represión continua de miembros de la prensa independiente».
En tanto, el senador Kaine sostuvo que «el continuo declive democrático de Nicaragua, incluidas las nuevas leyes que obstruyen la participación ciudadana y codifican la persecución de los opositores políticos, es alarmante. (Por tanto) Estados Unidos y la comunidad internacional deben impulsar los esfuerzos para garantizar que el pueblo de Nicaragua pueda expresar libremente sus opiniones, participar en actividades políticas pacíficas y participar en elecciones libres y justas en noviembre de 2021».
Alcances de «Renacer»
De acuerdo con la información dispuesta en la página del senador Menéndez, la propuesta «amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios. Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas. Requiere coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción. Requiere (exige) informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el Gobierno y la familia del presidente Ortega, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua; y requiere informar sobre abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas».
«Hace mucho tiempo que los autócratas latinoamericanos como el presidente Ortega dejen de enriquecerse a sí mismos y a su círculo íntimo de facilitadores corruptos a espaldas de su gente y en su lugar restablezcan las normas democráticas», expresó el demócrata Dick Durbin, quien además dijo sentirse orgulloso de unirse a sus colegas republicanos para condenar las acciones Ortega y buscar una salida a la crisis de democracia en Nicaragua.
Noticia relacionada: Ley de Ortega que veta candidatura de opositores genera repudio a nivel internacional
El senador Cardin, por su parte, señaló que «debemos seguir presionando por el retorno a la democracia y apoyar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua». Añadió que «este proyecto de ley tomaría medidas adicionales para responsabilizar al gobierno de Ortega por sus numerosos actos de represión y corrupción que continúan perjudicando al pueblo de Nicaragua».
En Estados Unidos, aún antes de la campaña electoral en 2020, los senadores republicanos y demócratas se han unido en una serie de iniciativas bipartitas para tomar acciones de presión contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, los dos principales grupos de oposición de Nicaragua, la Alianza Cuidada, encabezada por Ciudadanos por la Libertad (CXL); y la Coalición Nacional, liderada por el Movimiento Unidad nacional Azul y Blanco (UNAB) y el Partido de Restauración Democrática, siguen sin alcanzar siquiera un acercamiento que inicie el proceso de unidad de todas las fueras opositoras de cara a las elecciones presidenciales del próximo siete de noviembre.
