Faltando solo 21 días para que finalice el año calendario, Daniel Ortega, titular del Ejecutivo, mandó a reformar de urgencia el presupuesto 2020 con el objetivo de aumentar los «egresos» asignando más dinero a varios de sus ministerios porque consiguió préstamos y le quita a otros, supuestamente por no ejecutar sus respectivos presupuestos a tiempo.
En la reforma a la Ley 1010, «Ley del Presupuesto General de la República (PGR)», que fue enviada a la Asamblea Nacional donde los diputados sandinistas la aprobaron sin mayores discusiones, el Gobierno aumenta los gastos en 4,849.1 millones de córdobas, lo que representa un incremento del seis por ciento con respecto al PGR originalmente aprobado para ejecutarse en el año que ya casi termina. No obstante, esa reforma urgente de Ortega deja en el mismo monto de ingresos el PGR de 79 mil 196 millones 838 mil córdobas. Lo que significa que el déficit fiscal en el año que cierra dentro de 19 días, aumenta en casi cinco mil millones más.
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De acuerdo con la reforma presupuestaria aprobada el nueve de diciembre, esos 4, 849.1 millones de córdobas serán desglosados en 1,568.3 millones para gastos corrientes, es decir, salarios y gastos administrativos del Estado, y 3, 280.8 millones de córdobas para gastos de capital. El nuevo presupuesto especifica que de ese incremento total, el 54 por ciento proviene de prestamos externos.
Los premiados
El Ejecutivo pidió a los diputados que le aprobaron aumento de presupuestos a varias instituciones, las que en teoría, deberían ejecutar ese incremento presupuestario en lo que queda del presente año, es decir, en 19 días. Entre las instituciones premiadas con más dinero destacan El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) que recibe un aumento de 1,854.6 millones que deberían ser destinados, según a reforma a la Ley del PGR, para financiar proyectos de rehabilitación de caminos y carreras.
También recibe incremento presupuestario el Ministerio de Salud (Minsa), con 1,355 millones de córdobas más que estarían destinados a cubrir la emergencia provocada por la pandemia del CIVID-19, crisis que el régimen de Daniel Ortega ha negado siembre aduciendo que en Nicaragua todo está normal y hasta remueve todos los fones de semana actividades de aglomeración de personas exponiendo a la población al contagio de la enfermedad. Entre el MTI y el MINSA abosrven el 66.2 por ciento del aumento presupuestario total.
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La justificación de la reforma indica que también se incrementa con montos importantes de dinero, los presupuestos del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP), la Empresa Nicaragüense de acueductos y Alcantarillados (ENACAL), El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Ministerio de Gobernación (MIGOB) y hasta el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA) y la Policía Nacional, recibirán más dinero gracias a la nueva ley del PGR ordenada por Daniel Ortega a sus diputados.
El Programa de Inversión Pública (PIP) del MTI estaba en 7, 037.5 millones, ahora cierra el año con un monto de 8,538.3 millones de córdobas. En total recibe 1, 500.7 millones extras. los que deberán ser invertidos en proyectos de recuperación de la infraestructural vial dañada por los huracanes Eta e Iota. Pero, EL MTI no solo fue premiado sino que también recibió su merma de 4.7 millones que fueron reducidos a dos proyectos de mejoramiento de carreteras en Jinotega y El Rama, por retraso en la ejecución de dichos proyectos.
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ENACAL, por su parte recibe 118.8 millones más y de esa forma su PIP pasa de 847.8 millones a 965.8 millones de córdobas. No obstante este aumento, la empresa estatal encargada del Servicio de Agua y Saneamiento también perdió en su presupuesto anual 22.3 millones de córdobas que fueron retirados de las donaciones internacionales.
El Ministerio de Salud (Minsa) aumentó su prepuesto con 1, 044.6 millones de córdobas de los cuales, 991.4 millones corresponden a préstamos internacionales contraídos por el Estado de Nicaragua y asignados a este ministerio en los últimos días del año. Ahora, la institución encargada de la salud de la población nicaragüense pasa de tener un PIP de 1, 591.3 millones a 2, 635.9 millones de córdobas. Ese importante aumento en el presupuesto de gastos del MINSA, según la justificación del Gobierno, deberá ser invertida en atender la emergencia sanitaria del COVID-19 y la salud de los afectados por los huracanes Eta e Iota. Al menos eso dice el documento enviado por la presidencia a la Asamblea Nacional.
Y en el caso del Ministerio de Educación, también recibe premio y castigo al acreditársele un incremento de 12.9 millones de córdobas provenientes de los últimos préstamos internacionales conseguidos por el gobierno y que deberán ser destinados para pagar avances de obras en proyectos de rehabilitación de centros escolares dañados por Eta e Iota en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, sin embargo, este mismo ministerio cstigado con una reducción de 14.2 millones, con lo que su PIP pasa de 803.8 millones a 789.6 millones de corrdobas.
Los castigados
Entre las instituciones que por no ejecutar en tiempo y forma sus presupuestos asignados en el presente año se los reducen para dárselos a otros, se mencionan el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), que pierde 30 millones que estaba destinados para el proyecto de construcción de viviendas para familias con ingresos moderados. Este proyecto no se ejecutó este año, según el documento del Ejecutivo, porque no tiene demanda. Es decir, nadie quiere esas casas.
El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) ve reducido su PIP en 269.2 millones. Pierde este monto porque no ejecutó proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales del país. La institución justifica que todas las licitaciones raalizadas para esos proyectos fueron declaradas desiertas debido a que no se presentaron ofertas o en los casos que sí las hubo, los oferentes no cumplieron los requisitos exigidos por el Estado.
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM quedó con 104.5 millones menos lo que serán mermados a proyectos de generación y trasmisión. El Ministerio del Ambiente y los recursos Naturales (MARENA) pierde 16.7 millones que son retirados de proyectos de vigilancia y proyección de áreas protegidas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP) ve reducido su presupueto en 165.3 millones y al Gobierno regional de la Costa Caribe Sur (GRCCS) el Poder Ejecitivo le manda a reducir su presupuesto en cinco millones de córdobas.
Así mismo, pierden dinero de sus presupuestos la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) con 5.1 millones menos. la Dirección General de Aduanas (DGA), no tendrá 2 millones que le correspondían, El Fondo de Preinversión manejado por la Presidencia ve reducido su gasto anual en 20 millones.
El caso de la Policía
La Policía Nacional, el brazo represivo del régimen Ortega-Murillo, que es la única institución sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y cuyo director general, Francisco Díaz, y varios de sus oficiales superiores también están sancionados, vio reducido su PIP en 84.8 millones de córdobas producto del retiro del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Integración Económica BCIE a raíz de las sanciones de Estados Unidos contra esa institución, sin embargo, el régimen de Ortega sacó dinero de las rentas del tesoro nacional para dárselo a la Policía y de esa forma cubrir la brecha dejada por el BCIE al negarle más desembolso. Ortega destinó de las rentas públicas 79.8 millones para su órgano represivo en los últimos días del año y en la justificación para tal asignación, indican que ese dinero será destinado para reforzar la seguridad ciudadana construyendo y rehabitando varias estaciones policiales en diferentes departamentos del país.
Y finalmente, el régimen Ortega-Murillo destina, al finalizar el año, un monto de 610.3 millones de córdobas para la Empresa Nicaragüense de Abastecimiento (ENABAS) para el pago de paquetes alimenticios. Es muy conocido que el partido de Gobierno hace su campaña política regalando a sus militantes pequeños paquetes alimenticios que son entregados en la mayoría de los casos por los activistas políticos de la Juventud Sandinista.
