Los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron, sin mayores discusiones, el traspaso de la Dirección Alterna de Conflictos, (DIRAC), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Procuraduría General de la República (PGR), una acción que demuestra que el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, mantienen una estrategia de restar funciones y autoridad al máximo tribunal de justicia del país.
De acuerdo con la iniciativa enviada con carácter de urgencia por Ortega al Legislativo, la Dirac ahora es parte de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, instancia adscrita a la PGR.
La ley aprobada por los diputados al servicio de la dictadura Ortega-Murillo, establece que la nueva Procuraduría Nacional estará encargada de «salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas».
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Además, promoverá la solución de conflictos a través del diálogo y la comunicación. De igual manera, le asignaron la función de poner en práctica los «métodos alternativos de solución de conflictos».
La legislación aprobada por órdenes de Ortega establece que la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos será dirigida por un Procurador Nacional que administrará Procompetencia y la Dirac.
«La presente Ley tiene por objeto crear la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, como ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia denominado Procompetencia, y de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), bajo la rectoría de la Procuraduría General de la República», manda el artículo uno de la ley ordenada por Ortega.
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Todos los recursos financieros, patrimoniales, bienes inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos que antes de este traspaso, eran administrados como parte del patrimonio de la CSJ para el funcionamiento de la Dirac en todo el país, ahora son parte del patrimonio de la Procuraduría.
«Por ministerio de la presente Ley, se transfiere a la Procuraduría General de la República de Nicaragua, los recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos y de oficina, mobiliarios, y cualquier otro bien que estén inscritos a nombre del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia en los que actualmente opera la Dirección de Resolución Alterna Conflictos (DIRAC), y sus dependencias a nivel nacional o sea intrínseco a las funciones que realiza», dice la nueva normativa.
Dictadores desintegran poco a poco la CSJ
Ortega y Murillo sostienen un asalto progresivo contra la Corte Suprema de Justicia. En enero de este año el Legislativo aprobó, en segunda legislatura, reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para despojar a ese poder del Estado de los fondos provenientes del cuatro por ciento del presupuesto de la República que por ley se destina a la administración de justicia. Ahora es el Ejecutivo quien decide cuánto asignarle a la CSJ.
Asimismo, en octubre del año pasado, los operadores políticos de Ortega que fungen como diputados, aprobaron que los Registros Públicos de la Propiedad, pasarán a formar parte de la PGR Antes eras administrados también por el Poder Judicial.
