Con la reforma al Presupuesto General de la República presentado con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional y que tendría que estar aprobado antes del 15 de diciembre, el rubro destinado a la Presidencia, o sea, a los titulares del Ejecutivo que en este caso son pareja, suman 360.5 millones de córdobas, es decir, que por cinco millones más no llegan a uno diario en este 2020.
Daniel Ortega se autoadjudicó 9.14 millones de córdobas más. Esta cifra resulta dramática en un país que vive una de las peores crisis económicas producto de la situación originada por la represión, la caída de las inversiones, y las provocadas por los huracanes Eta e Iota que destruyeron parte de la economía y profundizó más la tragedia que viven miles de familias en el desempleo y sin oportunidades.
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Lo más grave de estas cifras es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aumentó para este año con dichas reformas 91.4 millones de córdobas más para los titulares del Ejecutivo para gastos que según revela el informe son destinados para “servicios farmacéuticos y medicinales, protocolo y ceremonial, vigilancia y transferencia directas a personas naturales”.
La Presidencia no justifica ni Hacienda tampoco en qué consisten estos gastos en medicina y transferencias a personas naturales. De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, “el Gobierno de Nicaragua muestra falencias graves en materia de transparencia fiscal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y las compras realizadas, ni ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las escasas comunicaciones oficiales”.
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Dicho instituto evaluó a cada uno de los gobiernos de la región a través de 12 parámetros subdivididos, reprobó a Nicaragua en los 12 indicadores basados en los estándares internacionales de transparencia fiscal, una calificación que no sorprende al economista Luis Núñez, quien sostiene que las finanzas del Estado nunca han contado con una supervisión de la Contraloría de la República, según declaraciones que ofreció al portal digital Voz de América (VOA).
El sancionado ministro Iván Acosta aseguró que el PGR del próximo año será de 80 mil 621 millones , el monto asignado de gasto social asciende a C$ 46 mil 572.5 millones, o sea, 57.1% del gasto total y se incrementa 1.5% (C$ 687.2 millones), con relación al presupuesto aprobado 2020, siendo mayor al incremento del gasto total.
Estas reformas de último momento asignando más fondos a la Presidencia se producen aún cuando el último informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) destacan que las proyecciones socioeconómicas del 2020 arrojan un panorama desalentador para el país.
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Funides proyecta que en el 2020 la economía de Nicaragua cerrará con un -5%, dramático, pero distante de los rangos del -6.5% y -13.7% estimados anteriormente, y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía caerá en -5.5%, y el Banco Central de Nicaragua cree que solo será de un -4.5%.
La falta de transparencia del régimen sobre los gastos de la Presidencia no explica si este aumento será para sustituir las piedras canteras ubicadas en más de 20 manzanas alrededor de El Carmen por vallas de cemento o aumento del personal de seguridad que no incluye a los policías que custodian el sector, ya que estos, son pagados a través del presupuesto de dicha institución sancionada .
Un economista que pidió omitir su nombre explicó que esta reforma que aumenta a casi un millón diario a la presidencia tampoco explica en qué consisten las “transferencias personales, ya que dicho término provoca muchas suspicacias porque no sabemos si son para completar salarios de las personas que trabajan en el local que ocupa la Presidencia, que es la propia residencia de la familia Ortega-Murillo”.