La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 25 de noviembre, con 75 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones, la Ley del Presupuesto General de la República (PGR) para el año 2021, que asciende a 80 mil 671.2 millones de córdobas y proyecta un total de gasto público de 81 mil 528.8 millones de córdobas. Con un déficit fiscal de 1.2 por ciento.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
Según el dictamen de la Comisión Económica que le dio el visto bueno al proyecto del PGR y que aprobaron los diputados sandinistas junto a sus aliados en el Parlamento, el Gobierno basó su plan de ingresos y gasto en base a las condiciones macroeconómicas que consideran un «crecimiento real de la economía de 0.5 por ciento para un crecimiento nominal de 5.9 %, una tasa de inflación acumulada de 4.0%, la devaluación nominal de 3.0% anual, además, el tipo de cambio promedio de 35.4 por US$1 y un precio del barril de petróleo de 43.8 dólares».
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Con esas premisas, el Gobierno de Daniel Ortega proyectó un Presupuesto General de Ingresos (recaudaciones fiscales) de 80 mil 671 millones 213 mil 623 córdobas, de los cuales espera recaudar 80 mil 670 millones 338 mil 623 en concepto de ingresos corrientes y otros 874 mil en ingresos de capital.
Gasto público déficit
Asimismo, los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron un presupuesto general de egresos por un monto de 81 mil 528 millones 809 mil 219 córdobas de los cuales serán invertidos en gastos corrientes un total de 65 mil 177 millones 545 mil 724 córdobas y para gastos de capital destinan 16 mil 351 millones 623 mil 495 córdobas.
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En la Ley del PGR, se refleja que para el próximo año el Estado tendrá un déficit fiscal de 857 millones 595 mil 820 córdobas, lo que representa el 1.2 por ciento del PGR, pues esperan financiar el 98.8 por ciento del gasto público con recaudaciones de impuestos.
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De acuerdo con el economista independiente Luis Núñez Salmerón, el gobierno ha decidido reducir al mínimo el gasto público, es decir, lo mantiene congelado desde el 2018 y se ha tenido que ajustar a los pocos recursos que tiene en concepto de recaudación.
«A partir del 2018, las recaudaciones fiscales se desplomaron, no hay crecimiento económico, no hay comercio, no hay actividad turística ni de construcción, así que el Gobierno no ha tenido más que ajustar su presupuesto a lo poco que tiene, lo mantiene congelado desde el 2018», explicó el experto.
Agregó que «el bajo déficit fiscal no significa que el Gobierno esté bien económicamente, al contrario, significa que está muy mal. Antes podía presupuestar más de lo que ingresaba aumentando el déficit porque sabía que lo podía financiar con la comunidad internacional sin embargo, ahora nadie le da dinero, no hay prestamos ni donaciones para el gasto fiscal así que no puede presupuestar más».
