Organizaciones defensora de de derechos humanos y de apoyo jurídico están pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dicte medidas cautelares en favor de 42 opositores nicaragüenses que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen prisioneros en las cárceles del país y que son considerados presos políticos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), mediante una comunicación vía correo electrónico, que hizo llegar a Artículo 66, informó que desde el mes de mayo del presente año, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos propuso que se beneficiara con medida cautelar a 42 presos políticos por considerar que corren riesgos en las cárceles del régimen, de los cuales uno fue liberado, sin que el gobierno de Ortega diera razones.
«Las medidas (cautelares) fueron solicitadas el 26 de mayo de 2020, el motivo principal de la solicitud fue el riesgo por la pandemia y el hecho de que varias de las personas presentaban síntomas que podían ser COVID 19. (…) algunas de estas personas tienen enfermedades crónicas subyacentes que les hacen personas de alto riesgo», indica el CEJIL.
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El organismo agrega que a partir de la solicitud hecha en mayo, «se ha enviado información a la CIDH sumando las denuncias de violencia (hostigamiento, amenazas y agresiones) que varias de las personas privadas (de libertad) están sufriendo en la cárcel, por parte de presos comunes con la complicidad del personal penitenciario».
Las organizaciones que están abogando para que se beneficie a los reos políticos con medida cautelar de parte de la CIDH son: la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Unidad de Registro y de Apoyo Legal (UDR), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el mismo CEJIL.
De acuerdo con la comunicación del CEJIL, entre los presos políticos que podrían ser beneficiados con medida cautelar de parte del organismo regional de derechos humanos, está don Justo Emilio Rodríguez López, de 68 años. Está detenido desde el 20 de abril 2020 en La Modelo, padece de hipertensión crónica y desde tiempo ha presentado fiebre y dificultada para respirar. En la actualidad se encuentra en el Hospital Antonio Lenin Fonseca de Managua con un cuadro de salud crítico que han atribuido a la la falta de atención médica adecuada.
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Don Justo fue detenido en el contexto de la jornada conmemorativa del segundo aniversario de los hechos de abril 2018. Junto a otras seis personas provenientes de la Isla de Ometepe, se le acusa de homicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de frustración, secuestro extorsivo, lesiones graves, daño agravado y robo agravado.
Según los reportes recibidos por el CEJIL «en julio de 2020, don Justo fue golpeado por otros privados de libertad en el interior del centro penitenciario y presentó dolores en el pecho y un deterioro significativo en su estado de salud mental, pues se encontraba perturbado y con evidente dificultad para comprender y responder a preguntas sencillas».
Asimismo, en la lista de reos por motivaciones políticas para los que buscan medidas de protección internacional esta Celia Cerda Cruz, una mujer transgénero de 34 años, originaria de Moyogalpa e integrante de la directiva de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en Rivas. La información en manos de la CIDH, que ha sido suministrada por los defensores, destaca que Celia Cruz «es una activista con un reconocido liderazgo en Ometepe. A pesar de su identidad de género, Celia sigue identificada por su nombre registral (Amílcar José) y permanece detenida en el SPN La Modelo desde el 21 de abril 2010, lugar donde ha sido ubicada en celdas para hombres, en las cuales ha sufrido golpes, humillaciones y hasta una amenaza de muerte. La violencia contra Celia se ha venido incrementando».
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El informe enviado a la CIDH agrega que «Celia esta diagnosticada como hipertensa, lleva un proceso de hormonización y tiene una condición de tiroides. Según relata su madre, le han impedido ingresar los tratamientos que su hija necesita, tampoco una colchoneta ni alimentos. Las agresiones constantes contra Celia, por parte de reos comunes, suceden ante la pasividad de las autoridades carcelarias».
Mujer mayor en la lista
Las organizaciones defensoras de derechos humanos también están pidiendo medida cautelares para Juana Estela López Alemán, una señora agricultora de 58 años, activista en el Movimiento Campesino de Esquipulas, Moyagalpa, en la Isla de Ometepe. Según El CEJIL Doña Juana «es una persona con discapacidad física, ha sido diagnosticada con hipertensión crónica y en mayo de 2020 sufrió fracturas de costillas como resultado de la fuerte golpiza que le propinaron los policías durante los interrogatorios».
La señora presa política se encuentra detenida en el SPN La Esperanza. «Su hija ha referido que no le permiten entregarle un colchón, ni medicinas ni alimentos. En mayo pasado, doña Juana le reportó a su abogada que estaba defecando sangre, tenía la cara hinchada y golpes en el cuerpo», afirma el documento que hizo llegar el organismo de apoyo judicial y defensa de los derechos humanos a este medio de comunicación.
Tambien destacan los casos de John Christopher Cerna Zúniga, estudiante de tercer año de Ingeniería Civil y de 24 años, quien sufre de enfermedad pulmonar degenerativa y epilepsia, por lo que se trata de una persona particularmente vulnerable. Está detenido en la Modelo desde el 28 de febrero de 2020.
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«El señor Francisco Xavier Pineda Guatemala de 35 años, fue sometido a una colostomía, intervención quirúrgica que requiere medicamentos, cuidados y dieta especial. Fue detenido el 24 de enero de 2019 tras participar en tranques y marchas de oposición al Gobierno (de Daniel Ortega).
Asimismo, la lista incluye a Maycol Antonio Arce de 28 años quien, segun el informe enviado a la CIDH participó activamente en las protestas de 2018. «Fue detenido el 25 de diciembre del 2018, luego de que la policía lo identificara como un opositor y él corriera a refugiarse a su casa. La policía allanó violentamente la vivienda y le propinaron múltiples golpes, los cuales le lastimaron seriamente la mandíbula, condición que no nunca fue atendida médicamente».
EL CEJIL es un organismo de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan para reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia, a través del fortalecimiento de las democracias, la protección y promoción de los derechos humanos y el combate contra la impunidad.
Una medida cautelar es un instrumento de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente y deberían servir para que los Estados le brinde protección y garantías de seguridad a la persona beneficiaria, sin embargo, el Estado puede o no adoptar dichas medidas dictadas por la CIDH, organismo que no tienen las facultades para ejercer justicia ni forzar al Gobierno a cumplirlas.
