«Mi hermano sigue en cuidados intensivos. Me dijo que no siente sus canillas (piernas) y cree que no volverá a caminar», informó a Artículo 66 Esmérita Rodríguez, hermana del preso político Justo Rodríguez, de 68 años, originario de la Isla de Ometepe, quien desde hace más de 10 días se encuentra internado en Hospital Lenín Fonseca, de Managua, tras presentar un infarto cerebral.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
La abogada Yonarqui Martínez, defensora de Justo Rodríguez, indicó que los familiares del reo de la dictadura le detallaron que el ciudadano está intentando probar alimentos. «Se le ha quitado el oxígeno, pero aún tiene un dreno en la cabeza. Lo ayudan a sentarse, pero no se sostiene debido a que, según los médicos, aún presenta secuelas del derrame (cerebral) y no tiene movilidad en la mitad de su cuerpo».
La hermana del detenido mencionó que Justo «casi no puede hablar. Yo lo único que le digo cuando me dan los cinco minutos para verlo es que va a estar bien, que pronto va a salir de allí».
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Martínez señaló que además de Esmérita Rodríguez, quien cuidó durante cinco días seguidos a su hermano, porque la Policía no permitió que la relevaran; el Ministerio de Gobernación (Migob) autorizó a Walkiria Mora y a Jazmina Rodríguez, sobrinas del preso político para que acompañen a su tía en el centro hospitalario.
Piden que frene el asedio
La hermana del reo de la dictadura refirió que no cesa el asedio y vigilancia en la sala donde se encuentra Justo Rodriguez. Según la denuncia, los policía se han apoderado de la comunicación de los familiares, impidiendo que no puedan dialogar libremente.
«Los policías están adentro adentro de la sala, cuando yo llego se meten dos (oficiales), otros se quedan en la puerta. Los policías a mí no me dicen nada, pero ellos tienen el celular con el que me comunico y cuando me llaman mis familiares, ellos me pasan el teléfono. No nos dejan en paz, hasta se acercan donde estoy con mi hermano para saber qué hablamos», confesó.
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También, Rodríguez afirmó que esa situación afecta a Justo, quien se siente deprimido y se le salen las lágrimas cuando mira a los agentes del régimen. «Mi hermano no quiere ver a los policías (…), Mi hermano estaba muy grave y ahora al ver a esa gente (los policías) se siente peor». Además, señaló que los médicos se auxilian de los Policías para poder mover al preso político.
Exigen cambios de medidas
La abogada Yonarqui Martínez dijo a este medio de comunicación que el siete de septiembre interpusieron un escrito en los Juzgados de Managua, en el que se puso de conocimiento al juez Melvin Vargas acerca del estado de salud de Justo Rodríguez y a la vez se solicitó oficio al Instituto de Medicina Legal para que se haga la debida valoración médica y que además «se haga efectiva el cambio de medida y sea enviado a su casa una vez salga del hospital».
La defensora declaró que se pidió que sea personal médico del hospital el que asista al preso político y no los seis oficiales de la Policía del régimen que mantienen constante vigilancia. «También se le informó al juez de las anomalías que pasan dentro del hospital».
La Cruz Roja Internacional y el nuncio (apostólico Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag) han estado pendientes del caso de Justo Rodríguez y el trato a los familiares que le asistan.
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En cuanto a la salud de Esmérita Rodríguez, de 70 años, quien estuvo varios días sin poder ver a sus familiares, porque la Policía orteguista se lo impidió, Yonarqui Martínez refirió que actualmente «ha estado bajo cuidados médicos».
Condenado por “obstrucción de funciones”
Justo Rodríguez, dedicado al agricultura, fue secuestrado el 20 de abril de 2020 e involucrado en los altercados registrados en la comunidad Esquipulas, Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, cuando oficiales agredieron a varias personas que se encontraba cerca de un parque conmemorando dos años de la rebelión de abril de 2018.
Aunque testigos y familiares insisten en su inocencia, el 21 de julio la justicia de Daniel Ortega lo condenó a cuatro años de cárcel, por el supuesto delito de «obstrucción de funciones».
