La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al exreo político y artesano en pólvora Danny García González, originario del barrio indígena de Monimbó en Masaya. Estas acciones se dan luego que el excarcelado de la dictadura fuera objeto de asedio, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de la Policía al servicio de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según la CIDH, estas medidas cautelares benefician al núcleo familiar del exreo político, conformado por sus hijos de iniciales A.G. e I.G (ambos menores) y su esposa, la exrea política Ruth Matute, quien el 31 de enero del 2019 fue también beneficiada con estas medidas para proteger su integridad física, debido a las múltiples amenazas de las que fue objeto desde su excarcelación, el 26 de febrero del 2020, junto a su esposo Danny García.
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Las medidas cautelares para esta familia de artesanos de Masaya fueron tramitadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por la Iniciativa Hispanoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
¿Por qué las medidas?
En el inciso 22 del documento emitido por la CIDH especifica que “en el caso concreto, la Comisión observa que, tras su excarcelación, tanto la señora Ruth Matute, como su esposo habrían continuado siendo calificados como “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes” por su oposición al actual gobierno de Nicaragua. Incluso, se observa que agentes policiales buscarían relacionar a la familia con presuntos hechos delictivos que podrían estar relacionados con compuestos químicos para elaboración de pólvora”.
Otras de las razones por las que la CIDH otorgó las medidas cautelares a Danny García y a su familia, fue por la última detención del que fue víctima el 10 de abril del 2020, cuando lo mantuvieron encerrado por más de 24 horas sin justificación alguna. “Una vez puesto en libertad, el señor García informó que tras ser detenido, habría sido llevado primeramente a la delegación de Policía de Masaya, y luego a la finca de la familia, donde antes funcionaba el taller de pólvora. En ese lugar, la policía habría registrado el lugar en busca de compuestos químicos para elaboración de pólvora. A pesar de no haber encontrado nada, la policía lo habría regresado a la delegación Policial de Masaya, donde permaneció detenido y habría sido golpeado en el estómago por un agente policial, además de ser sometido a interrogatorios”.
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El organismo exhorta al régimen de Daniel Ortega a evitar los calificativos en contra de los exreos políticos llamándolos “golpistas y terrorista”, sabiendo el contexto que vive Nicaragua, “puede llevar a que sean objetos de actos de violencia de parte de terceros afines al actual gobierno”.
“La CIDH hace público en su portal de Internet (www.cidh.org) un resumen sobre las medidas cautelares otorgadas. En este resumen se divulga la identidad de los beneficiarios, con excepción de los nombres de niños y niñas (…) Asimismo, en caso de que los beneficiarios de las presentes medidas cautelares prefieran que su nombre completo no sea divulgado en el portal de Internet, deberán informar a la CIDH por escrito en forma inmediata”, concluye la carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firmada por el secretario Ejecutivo Pablo Abrao.
Artículo 66 intentó comunicarse con el exreo político Danny García para conocer su reacción antes estas medidas cautelares de las que es beneficiario él y su familia, sin embargo este no respondió la llamada telefónica. La dictadura de Daniel Ortega desde el 2018 hasta inicios del 2020 ha asediado y vuelto a secuestrar a exreos políticos y opositores al régimen. Todos estos hechos de violación a los derechos humanos han sido documentados por la CIDH.