La junta directiva de la Asamblea Nacional, dominada por el partido de Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pospuso la discusión plenaria y aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros par el próximo viernes, 16 de octubre, debido a un dictamen de minoría que fue solicitado por el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Walter Espinoza.
La cuestionada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros con la que el régimen Ortega-Murillo pretende controlar el financiamiento a los Organismos No Gubernamentales (ONG) y ejercer presión sobre la oposición, fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de la Asamblea Nacional, el lunes 12 de octubre, y estaba programada para ser discutida y aprobada en la sesión plenaria de este miércoles 14.
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«La Comisión de Economía, Producción y Presupuestos dictaminó la Ley de Agentes Extranjeros, (pero) el diputado Walter Espinoza se arrogó el derecho de presentar un dictamen de minoría. De acuerdo a (con) la Ley Orgánica del Parlamento, a partir del dictamen de la comisión, hay tres días para presentar el dictamen de minoría, por eso se ha convocado para el día viernes a las nueve de la mañana para que con la debida dispensa, revisemos la Ley de Agentes Extranjeros y eso es, presente o no presente el dictamen de minoría», dijo el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras.
El dictamen que aprobaron los legisladores sandinistas de la Comisión Económica establece que los nicaragüenses o extranjeros que actúen como «agentes extranjeros» tienen prohibido intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa.
Tampoco pueden «financiar o promover el financiamiento a cualquier organización, movimiento, partido político, coaliciones, alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua». Por este tipo de prohibiciones que está legalizando el régimen es que analistas políticos y expertos en materia constitucional han opinado que esa ley coarta derechos civiles y políticos, justo cuando se aproximan los próximos comicios generales de noviembre de 2021.
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La ley crea un registro de Agentes Extranjeros a cargo del Ministerio de Gobernación (MINGOB), donde deben inscribirse y brindar información detallada todos los que el régimen considere como sujetos obligados. Gobernación tendrá la facultad de aplicar sanciones por el incumplimiento de la ley. La nueva norma legal regulará las donaciones y los bienes materiales procedentes del extranjero.
A partir de su aprobación y publicación, todos los «agentes extranjeros» tienen 60 días para inscribirse en el Ministerio de Gobernación, de no hacerlo, ese ministerio los notificará para que lo hagan dentro de los cinco días siguientes, de lo contrario, todos sus bienes y cuentas podrían ser confiscados y la personería jurídica cancelada.
El régimen de Daniel Ortega está desafiando a la cooperación internacional, sobre todo a la Unión Europea que ha advertido que si aprueban esa ley y la de ciberdelitos que está en consulta, habrían consecuencias que incluyen sanciones contra el propio Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y hasta la suspensión del Acuerdo de Asociación entre Nicaragua y Europa.
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El diputado del PLC, Jimmy Blandón, explicó a Artículo 66 que la bancada de su partido utilizará una de los dos herramientas legislativas que existen para oponerse a la aprobación de una ley, sin embargo, asegura que dicha Ley será aprobada irremediablemente el viernes por la «aplanadora sandinista» en el Parlamento.
«Podemos utilizar el voto razonado para oponernos a la aprobación de la ley o el dictamen de minoría. El PLC estará presentando este jueves un dictamen de minoría donde establecemos las razones por las que no se debe aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, pero es un hecho que el viernes los sandinistas la van a aprobar», dijo el diputado liberal.
El legislador Blandón agregó que «en esa ley, el artículo dos, es un absurdo porque convierte a nicaragüenses en agentes extranjeros, es excluyente, discriminatoria y otorga a un órgano administrativo facultades de decidir sanciones cuando eso es ilegal, además es tan discrecional que ellos mismos a su antojo decidirán quién es agente extranjero», concluyó el parlamentario de la bancada del PLC.