El Secretariado de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (SONGI) envió este miércoles, siete de octubre, una carta abierta a la Asamblea Nacional, Cancillería y el Ministerio de Gobernación, en la que expresan su preocupación ante la iniciativa de «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», advirtiendo que podría conllevar a una paralización de la cooperación.
«Nuestras organizaciones gestionan cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria que llega a más de 550,000 personas hasta las comunidades más remotas del país», señala el documento.
«Vemos con preocupación algunos conceptos y mecanismos planteados en la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ya que podría llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación solidaria, en perjuicio de la población nicaragüense, máxime en las actuales condiciones de atención a los impactos de la pandemia de la COVID19, que se manifiesta en todos los ámbitos de la salud y la economía del país y la región Centroamericana», destacan las ONG.
Explican que la propuesta de ley crea un mecanismo de registro y reportes mensuales que podrían ser imposibles de manejar, dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece.
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Por ello, solicitan «analizar previamente algunos mecanismos en coordinación con el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y las ONG internacionales antes de aprobar la Ley, en aras de evitar la duplicación de esfuerzos y poder agilizar trámites en función de nuestras actividades de cooperación».
A su vez, aprovecharon para solicitar a las autoridades del régimen de Daniel Ortega la agilización en los mecanismos de aprobación de certificación de junta directiva, de representante legal, constancia de cumplimiento de los requisitos de cada año presentan las organizaciones, así como la renovación de residencias a cooperantes internacionales que trabajan con diferentes comunidades y organizaciones nacionales.
El Secretariado de ONG Internacionales está conformado por 32 organizaciones que trabajan en Nicaragua desde hace 30 años, destinando recursos para contribuir en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la nutrición, la seguridad alimentaria, la agricultura familiar sostenible, salud, educación, vivienda, protección social, gestión ambiental, resiliencia ante el cambio climático, acceso al agua potable, así como el ejercicio de derechos humanos y ciudadanos de la población nicaragüense, señala el documento.
La carta fue dirigida al sancionado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua; Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores, y María Amelia Coronel, ministra de Gobernación.
