A través de una carta enviada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, los senadores Jim Risch y Bob Menéndez urgieron al gobierno del presidente Donald Trump aplicar nuevas sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y funcionarios, a quienes señalan de cometer delitos de lesa humanidad contra ciudadanos desarmados en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
Los diplomáticos expresaron su preocupación por el recrudecimiento de violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen a raíz de la crisis y su falta de voluntad para encontrar una salida pacífica a la convulsión social que atraviesa el país. Los senadores sostienen que el dictador continúa ejerciendo una brutal represión contra los ciudadanos.
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«Aplaudimos los pasos tomados hasta la fecha por la Administración para abordar la brutalidad del régimen de Ortega (…) y le instamos a implementar plenamente estas medidas y maximizar el apalancamiento de las sanciones de los Estados Unidos para avanzar reformas que podrían conducir a elecciones libres y justas en Nicaragua», detalla la carta.
Además, solicitaron se amplíen los esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación total de los presos políticos, que según organizaciones opositoras suman más de 65 ciudadanos «incluidos los identificados por la Organización de los Estados Americanos (OEA)».
Reformas electorales en agenda
Los senadores esperan que de aplicarse estas medidas de presión la administración de Daniel Ortega inicie un proceso de reformas electorales bajo la supervisión de instancias internacionales como la OEA, que garantice credibilidad en el proceso.
«De manera oportuna que incluyan: el nombramiento de nuevos magistrados independientes para el Consejo Supremo Electoral; la restauración de un 50% más un umbral para la elección presidencial; el establecimiento de una segunda ronda de votación si no se alcanza el umbral electoral; el establecimiento de un calendario electoral detallado; y el despliegue de observadores electorales nacionales e internacionales creíbles», remarcó.
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En este sentido, recientemente la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional anunció que pondrán en agenda legislativa el proceso de reformas electorales, pero únicamente con partidos políticos zancudos, dejando entrever que no piensan discutir este proceso con las organizaciones opositoras que surgieron a raíz de la crisis.
Los diplomáticos concluyeron que «una estrategia de sanciones que incentive el progreso oportuno en estos asuntos alentará a todas las partes a centrarse en una transición significativa hacia la democracia en Nicaragua».
Últimas sanciones
En diciembre de 201, la administración de Donald Trump, a través del Departamento del Tesoro, sancionó a Rafael Ortega Murillo, conocido como Payo Ortega, el primogénito de Rosario Murillo, quien también, junto Laureano Ortega, están en la lista de delincuentes internacionales, con lo cual ya suman tres miembros de la familia presidencial que han sido incluidos.
Además, el Departamento del Tesoro agregó que también se añaden en lista de sancionados a las entidades Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP Petronic), Inversiones Zanzíbar Sociedad Anónima y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (alias El Goliat), todas empresas bajo el mando de Rafael Ortega Murillo.
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Con el anuncio de estas nuevas sanciones ya suman un total de 16 fichas que forman parte del vínculo cercano al dictador Daniel Ortega, entre ellos altos mandos del órgano represor como Francisco Díaz, Ramón Avellán y funcionarios como Fidel Moreno, Nestor Moncada Lau, Sonia Castro, el general en retiro Óscar Mojica, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entre otros.
