Cancilleres de la OEA aprueban resolución contra la dictadura en Nicaragua

Con la participación de las 34 delegaciones del continente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio inicio este viernes, 2 de octubre, a la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.

La sesión ministerial está presidida por el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

«Tenemos una gran responsabilidad de aportar ideas y acciones concretas para proteger la vida de todos los nicaragüenses y garantizar el Estado de derecho», fueron las palabras iniciales del canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, al dar apertura a la sesión ministerial de la OEA.

El foro regional aprobó el proyecto de resolución presentado por ocho países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, que exige al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de todos los presos políticos, la restitución de la nacionalidad a las personas declaradas apátridas y la devolución de bienes confiscados a medios de comunicación, universidades e instituciones religiosas.

Asimismo, la resolución advierte con preocupación y pide el retiro de la injerencia e intercambio de tecnología de seguridad e inteligencia extranjera en Nicaragua, utilizada para la vigilancia interna y la represión a disidentes. Para dar seguimiento a estas demandas.

La OEA contempla conformar un Grupo Ministerial de Seguimiento que dispondrá de 30 días para activarse y buscar vías de diálogo con las autoridades de Managua, sectores de oposición y la comunidad en el exilio.

El diagnóstico de la CIDH sobre Nicaragua

Rosa María Payá Acevedo, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió durante la sesión que el régimen de Daniel Ortega ha consumado el desmantelamiento absoluto de la democracia.

Payá recordó que el propio dictador declaró el pasado 19 de julio que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones», una afirmación que dista de ser una amenaza velada y representa «un anuncio que ya se está cumpliendo» mediante recientes maniobras legislativas.

La relatora detalló cómo las modificaciones normativas, incluida la aprobación en primera discusión de un nuevo paquete de reformas el pasado 1 de septiembre, han blindado el control autoritario.

Esta ofensiva da continuidad a la reforma de 2025 que alteró más de 100 artículos constitucionales para eliminar la separación de poderes e instaurar la figura de la copresidencia, sometiendo a todos los poderes públicos bajo las órdenes directas del Ejecutivo para facilitar el ejercicio arbitrario del poder.

La representante de la CIDH enfatizó que los nicaragüenses viven bajo una dictadura totalitaria que consolidó su patrón represivo desde la rebelión de abril de 2018. En aquel año, la respuesta estatal ante la protesta ciudadana contra el cierre de espacios democráticos dejó un saldo trágico de al menos 355 personas asesinadas, más de 2.000 heridas y por lo menos 2.090 detenciones arbitrarias, un sistema de persecución que prevalece en el país.

«Más de ocho años después, todo sigue en la impunidad y las violaciones de derechos humanos continúan. Hay hoy 68 personsa detenidas, 31 de ellas en desaparición forzada. Por los menos, 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad y más de 5.400 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas. La situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional y no solo un problema interno. Es un Estado policial que se extiende a otros paísesa través de la represión transnacional».