Con el anuncio de nuevas sanciones a tres funcionarios orteguistas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ha impuesto esta medida a un total de 15 fichas que forman parte del vínculo cercano al dictador Daniel Ortega, incluida su mujer, Rosario Murillo, quien lidera la lista por sus «méritos» criminales.
Las sanciones por parte del gobierno estadounidense se dan a raíz de la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de un año. Según la Casa Blanca, estos personajes han jugado un papel importante en la dirección de la represión contra ciudadanos nicaragüenses.
Artículo 66 le detalla quiénes son los 15 funcionarios sancionados hasta el momento y qué papel han desempeñado para que el gobierno norteamericano los haya hecho merecedores de este castigo.
En diciembre de 2017, Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, fue sancionado por el gobierno de Trump, quien lo incluyó en la lista negra de 14 personajes corruptos y violadores de derechos humanos del mundo, bajo la Ley Global Magnitsky. La aplicación de sanciones aplica el bloqueo de todos los activos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses a realizar transacciones con ellos.
Luego que Aminta Granera se fue de la Policía Nacional, tras el inicio de la crisis, el mando lo tomó el comisionado Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega. Al jefe policial lo señalan de ser el responsable de dirigir la represión contra ciudadanos durante la crisis iniciada en abril de 2018. Fue sancionado en julio de 2018.
En esa misma lista negra de delincuentes internacionales también está Francisco “Chico” López Centeno, quien es el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua.
Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, se le señala de organizar los actos violentos llevados a cabo por los grupos parapoliciales y la Juventud Sandinista; quienes sembraron el terror en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre todo en Masaya, Managua, León, Matagalpa, Chinandega y Estelí.
En noviembre de 2018 el presidente Donald Trump sorprendió con una orden ejecutiva que impone duros controles económicos contra la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, considerada la mano de hierro de la dictadura que encabeza junto al tirano Daniel Ortega.
Junto a Murillo también fue sancionado el asesor presidencial en temas de seguridad y espionaje, Néstor Moncada Lau, un estrecho colaborador de Ortega en su relación con los mandos de la Policía y el Ejército.
A finales de diciembre del año pasado, el ahora exsecretario de los Estados Unidos Mike Pompeo, impuso sanciones contra Ileana Patricia Lacayo, esposa del desaparecido Roberto Rivas.
El 17 de abril de 2019, Estados Unidos sancionó al hijo de los dictadores, Laureano Ortega y la entidad bancaria “Bancorp”, tras señalarlo por actos de corrupción. La financiera servía como caja fuerte de la familia gobernante y los negocios multimillonarios que han construido con los fondos de la cooperación venezolana y al amparo de la corrupción.
Dos meses después el Departamento del Tesoro anunció el castigo para la exministra de Salud, Sonia Castro. La institución pública a cargo de Castro fue tildada de negar atención médica a los manifestantes que resultaron heridos en el contexto de las protestas y dejarlos morir y de ser ella quien dio la orden.
Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Correos y Telecomunicaciones (Telcor), ha sido el agente del régimen que se encargó de censurar a los medios de comunicación y amenazar con retirar licencias por no seguir su línea.
El general en retiro Óscar Mojica, quien está a cargo del Ministerio de Transporte e Infraestructura, también está en la lista de delincuentes internacionales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, también fue sancionado por Estados Unidos. Desde ese Poder del Estado desde se apruean todas las leyes diseñadas para librar a la tiranía de cualquier responsabilidad sobre los hechos de violencia dirigidos por el régimen.
El comisionado Ramón Avellán está plenamente identificado como el ejecutor de los ataques de la policía orteguista y grupos paramilitares contra el pueblo de Masaya, durante la crisis sociopolítica.
Roberto López, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS) es señalado de manejar de “forma indebida los activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos”. El anuncio de reformas al seguro social, en abril de 2018, fue lo que desencadenó la rebelión de estudiantes.
Lumberto Campbell concluyó la lista de sancionados por Estados Unidos. A este lo relacionan con el régimen orteguista en su calidad de presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE).
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