Los diputados del Parlamento Europeo incluyeron en su agenda de este miércoles, 18 de diciembre, la situación de los derechos humanos y la democracia de Nicaragua. A través de una propuesta de resolución, los eurodiputados condenaron la persecución, intimidación, campañas de difamación y amenazas de muerte contra defensores y defensoras de derechos humanos y otras voces críticas emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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También señalaron los encarcelamientos arbitrarios, exigieron la libertad inmediata para los detenidos y nuevamente insistieron en la decisión de la dictadura de expulsar a organismos internacionales del país. Remarcaron que el orteguismo “ha impedido que altos funcionarios de algunos Estados miembros entren en Nicaragua en varias ocasiones”. El más reciente fue la prohibición de entrar a Nicaragua contra el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, quien tenía como propósito reunirse con representantes de la oposición para conocer sobre la crisis sociopolítica que enfrenta este país desde abril de 2018; el Ministerio de Relaciones Exteriores de España aseguró que “revisarán su relación bilateral”.
Acuerdo de Asociación en jaque
La disposición compuesta por 12 apartados y ocho puntos de condena incluye un nuevo elemento referente al Acuerdo de Asociación (Ada) firmado entre la Unión Europea y los países centroamericanos en 2012. En acápite l, el Parlamento pone contra las cuerdas a Ortega y le recuerda que “considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación celebrado en 2012 entre la Unión Europea y los países de Centroamérica; que este acuerdo incluye una cláusula democrática, que es un elemento esencial del mismo; que, dadas las circunstancias actuales, debe activarse la cláusula democrática y suspender a Nicaragua del acuerdo”.
Según datos de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), para 2018 se exportó a los países de la Unión Europea, 281 millones de dólares, 10.75 % de las exportaciones del régimen tradicional del país. En el 2017, las ventas al exterior representaron más de 308 millones de dólares, un monto mayor al del año pasado.
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Los principales rubros que se exportan a Europa son: café, con un total de 132 millones de dólares; maíz, con 52.3 millones de dólares; langosta, con 20.5 millones de dólares; camarón, con 16 millones de dólares; aceite y grasas, con 13.3 millones de dólares.
Mutación política
Sanciones a la vista
Igualmente, la iniciativa “celebra la decisión del Consejo de adoptar un marco para sanciones específicas destinadas a los responsables de violaciones de los derechos humanos, abusos y represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua; pide a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre la lista concreta de personas y entidades que serán sancionadas, entre ellas, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”.
En esta misma semana, el eurodiputado español de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, dijo que abogará por sanciones contra dos hijos de la pareja dictatorial Laureano y Rafael Ortega Murillo, a quienes cataloga como «herederos de la dinastía». También, solicita se castigue a Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, a quien tilda como “el responsable de la sangrienta «Operación Limpieza».”
El segundo encarcelamiento a Amaya Coppens
Los eurodiputados también incluyeron el caso de la estudiante de Medicina Amaya Coppens, a quien ubican como una defensora de los derechos humanos nicaragüenses y resaltan su doble nacionalidad (belga-nicaragüense), lo que convierte a su situación en prioridad para el Parlamento Europeo.
Amaya fue detenida ilegalmente por segunda vez la noche del 14 de noviembre junto a “un grupo de al menos trece miembros de la oposición tras haber entregado agua a los rodeados por la policía”, o sea, a familiares de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. La joven anteriormente ya había cumplido ocho meses en prisión por haber participado en las protestas y fue puesta en libertad el 11 de junio de 2019 a través de la cuestionada Ley de Amnistía.
Ante este caso, el Parlamento Europeo deja claro a través de la propuesta que “la Fiscalía nicaragüense les acusa injustamente de varios cargos, entre ellos secuestro, tenencia ilícita de armas de fuego y terrorismo, lo que constituye una clara violación de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo; que las condiciones carcelarias en Nicaragua tampoco se atienen a las normas internacionales; que la oposición nicaragüense ha denunciado reiteradamente el uso de la tortura y la violencia sexual en las cárceles” y piden les retiren los cargos y los pongan en libertad.
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En el informe además resaltan que “la represión se ha acentuado” y que aún hay más de 150 presos políticos, encarcelados por ejercer sus derechos constitucionales a la protesta cívica. Igualmente, destacan que ya son “más de 80 000 personas que se han visto obligadas a abandonar Nicaragua”, entre ellos, 100 periodistas o trabajadores de medios de comunicación, debido a la constante violación a la libertad de prensa y el acoso contra los mismos. Asimismo, hacen ver que la tiranía no tiene interés alguno en “reanudar un diálogo creíble” ni poner en marcha los acuerdos firmados con anterioridad en la mesa de negociación y piden que una nueva comitiva visite el país.
