Desde que se aprobó la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en marzo de 2019, diversas empresas del sector privado se han visto afectadas y algunas han tenido que cerrar, mientras otras han recortado gastos o personal para poder sobrevivir a la crisis que inició en abril de 2018. Un informe reciente presentado por el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) recoge los principales efectos de las reformas del Estado a la economía de los nicaragüenses. El primer impacto fue en los precios de la canasta básica, el segundo en el sector laboral empleo y el tercero sobre el gasto público de salud.
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El general en retiro del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, demandó la libertad de las 161 presas y presos políticos que mantiene secuestrados el régimen. Esta acción, según él, sería un “gesto humanitario” para solucionar la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril, 2018.
Humberto Ortega hizo pública su demanda a través de una carta divulgada en el diario La Prensa este miércoles, 11 de diciembre, donde también manifestó que esta justa decisión dará ánimo para la lucha cívica y electoral lejos de la violencia y la destrucción e ir recuperando la economía.
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Siempre con temas de presos políticos, el abogado Julio Montenegro informó sobre la situación de los reos de la dictadura Ulises Josué Rivas Pérez, Edward Lacayo y Norlan Cárdenas, quienes están encarcelados en los sistemas penitenciarios de Nicaragua acusados por la justicia orteguista de delitos comunes.
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En el caso de Ulises Josué Rivas, Montenegro denunció que desde el seis de diciembre fue aislado en la Galería 10. Asimismo informó que Norlan Cárdenas, originario de Masaya fue llevado audiencia preliminar, donde la Fiscalía aparentemente lo acusó de homicidio frustrado. La audiencia inicial fue programada para este 18 de diciembre.
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En otras noticias el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) mediante un informe recurrió ante la Fiscalía General de la República para solicitar, a esa institución del Estado que inicie un proceso investigativo por las agresiones recibidas contra la familia Reyes Alonso, el 25 de noviembre, en León, por parte de la Policía orteguista bajo la dirección del jefe departamental, Fidel Domínguez.
El organismo también presentó el informe ante las oficinas del Complejo Judicial Faustino Ruiz, sin embargo, las autoridades policiales no se lo recibieron. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Cenidh, señaló que este informe ya está siendo del conocimiento de organismos internacionales defensores de derechos humanos y remarcó que agotarán todas las instancias internas correspondientes.
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Las autoridades de la Universidad Nacional Agraria (UNA) castigaron a los estudiantes de esa casa de estudios que impidieron que la dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) se robara las elecciones el 27 y 28 de noviembre a través de un fraude electoral.
En una carta firmada por la secretaria general de la UNA se notificó que según el acuerdo 322, el consejo universitario acordó el seis de diciembre aplicar sanción de “suspensión total de la beca u otros beneficios otorgados, con derechos a realizar su suscripción de módulos y/o asignaturas de forma condicional a observar buena conducta” contra los estudiantes que cometieron “actos de indisciplina” el martes 26 y miércoles 28 de noviembre.