El abogado Julio Montenegro, director de Defensores del Pueblo, informó sobre la situación de los presos políticos Ulises Josué Rivas Pérez, Edward Lacayo y Norlan Cárdenas, quienes están encarcelados en los sistemas penitenciarios de Nicaragua acusados por la justicia orteguista de delitos comunes.
En cuanto al caso del preso político Ulises Josué Rivas, de 30 años, Montenegro denunció que desde el seis de diciembre fue aislado a la Galería 10, únicamente por manifestar al abogado José Antonio López que pese a estar desesperado por las condiciones en que se encuentra, seguirá en resistencia cívica en contra de la dictadura de Daniel Ortega.
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“Luego de la afirmación que hizo Ulises Rivas fue objeto el día tres de diciembre y el día seis de diciembre de sanciones, donde procedieron a trasladarlo a la Galería 10, donde le limitaron sus derechos, está aislado, cuando él sale lo sacan enchachado, lo han amenazado con golpearlo e incluso tiene temor que no le permitan las visitas”.
Además, Montenegro señaló que la audiencia en contra de Ulises Rivas se reprogramó la para el 15 de enero de 2020. La justicia orteguista secuestró a Ulises Rivas el primero de septiembre. Actualmente, se encuentra en el Sistema Penitenciario de Juigalpa, Chontales, acusado por supuesto delitos de robo agravado, lesiones y daños en perjuicio de cuatro personas.
Apelarán veredicto en contra de “La Loba feroz”
También, Julio Montenegro mencionó que el 20 de febrero de 2020 se efectuará la audiencia de apelación a favor del preso político de Masaya Edward Enrique Lacayo, de 45 años, conocido como “La Loba feroz”, a quien la dictadura de Daniel Ortega lo condenó a 15 años de cárcel y 800 días multas por los delitos de posesión y trafico de drogas.
“Sobre esto nosotros hicimos un cuestionamiento y solicitamos que se nos permita la prueba que se nos fue limitada por el juez de juicio y sobre eso el día de la audiencia vamos a estar haciendo nuestras argumentaciones para ver si nos permiten la incorporación de dicha prueba y argumentar que en ningún momento Edward Enrique Lacayo puede ser considerado como autor de un delito de tráfico de sustancias ilícitas”.
El 25 de noviembre, Edward Lacayo inició una huelga de hambre exigiendo justicia y libertad por todos los presos políticos,. Estelita Rodríguez, madre del reo, dijo a Artículo 66 que teme por la vida de su hijo, sin embargo, afirma que seguirá “apoyándolo porque es una causa justa”. La dictadura lo incrimina de delitos comunes y sus familiares aseguran que el verdadero motivo es por protestar por la libertad de Nicaragua.
Justicia orteguista acusó a Norlan Cárdenas
La tercera situación que expuso Montenegro es el caso de Norlan Cárdenas, de 31 años, originario de Masaya, quien fue secuestrado el 30 de noviembre, cuando la Policía orteguista allanó su vivienda y murió un oficial cuando pretendían capturar al ciudadano José Isaías Ugarte, conocido como “Chabelo”, que después de 24 horas fue ultimado a tiros en la comarca El Arenal, en el barrio indígena de Monimbó.
El jurista dijo que Cárdenas fue llevado el sábado siete de diciembre a los juzgados de Managua, donde se le realizó una audiencia preliminar. “Aparentemente se le está acusando de homicidio frustrado y se le está supuestamente achacando de que él es parte de grupos delictivos que están en la ciudad de Masaya”.
Ante esa situación, Montenegro informó que realizarán la defensa para probar la inocencia del ciudadano. “Hoy en la mañana (miércoles, 11 de diciembre) me presenté con una hermana del joven, con efecto de hacer cambio de defensa y así asumirla”.
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El próximo 18 de diciembre se realizará la audiencia inicial donde el Ministerio Público presentará pruebas de cargo y “posteriormente nosotros haremos lo que corresponde que es presentar nuestras propias pruebas que reflejan que es imposible que él (Norlan Cárdenas) haya cometido ese delito. Además, no se habla cuando fue detenido, sino que se habla como el él estuvo en fuga y que fue detenido posteriormente”, concluyó Montenegro.
Según los familiares d ellos ciudadanos, estos fueron participes en protestas sociales en contra del régimen de Daniel Ortega, lo cual les ha costado cárcel y acusaciones de delitos comunes, los cuales no han cometido, por lo que exigen su libertad inmediata.