Más de 400 empresarios nicaragüenses, incluyendo los dueños del gran capital del país se reunieron este 12 de diciembre para analizar el impacto de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, desde el 18 de abril, y para tomar decisiones sobre las próximas acciones que tendrían que ejecutar para presionar a la dictadura de Daniel Ortega para obligarlo a aceptar la democratización que ha exigido la sociedad durante los últimos siete meses.
De este «cónclave» empresarial salió la decisión de que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en conjunto con la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides), las tres organizaciones del sector privado que tienen personalidad jurídica, realizarán una gran marcha nacional que pretende convocar a la ciudadanía para demostrarle nuevamente a la dictadura que la población sigue exigiendo cambios políticos para superar la profunda crisis desatada por el orteguismo.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri anunció que una vez que las tres entidades empresariales se pongan de acuerdo solicitarán permiso a la policía orteguista para realizar la marcha, conscientes que la dictadura también podría bloquear el derecho a la movilización, como ha ocurrido con organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos a quienes se les ha criminalizado el derecho a manifestarse.
La primera fue una petición del Movimiento Feminista de Nicaragua y a la Unidad Azul y Blanco, que realizarían una marcha el 25 de noviembre contra la violencia a la mujer y la segunda petición que no fue aceptada fue la del Centro Nicaragüense de derechos Humanos (CENIDH) que pretendía marchar el pasado 10 de diciembre en conmemoración al día internacional de los derechos humanos.
El documento que fue leído por el titular del Cosep y fue presentado como una búsqueda de acuerdo político para salir de la crisis que se vive en Nicaragua.
Aguerri también adelantó, en la rueda de prensa, que en las próximas horas presentarán un documento que resume el impacto que ha tenido “el tsunami que hemos vivido” sobre las empresas, la actividad económica, el empleo y la inversión nacional.
Según resumió Aguerri, con la crisis de los últimos siete meses hubo empresas que retrocedieron, en promedio, siete años, es decir, un mes de crisis significa un año de atraso, dijo el presidente del Cosep. El líder empresarial también dijo que sus cálculos apuntan a que la economía nacional decrecerá entre -8 y -11% del Producto Interno Bruto. Antes de la crisis las expectativas de crecimiento se mantenían entre 4 y 5%.
Elecciones y libertad para los presos políticos
El empresariado nacional demandó a Ortega que regrese a la mesa del diálogo nacional, como única alternativa para superar la crisis. También exigieron a la dictadura ceder en la demanda nacional de adelantar las elecciones, garantizar comicios libres y transparentes, libertad para los más de 600 presos políticos, detener la represión y sanear el Consejo Supremo Electoral, entidad que está controlado en su totalidad por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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«Nicaragua no debería tener personas encarceladas por el hecho de ejercer sus derechos fundamentales. Está en sus manos que alcancemos la reconciliación en el país que se base en una verdadera cultura de paz y justicia en donde los resultados sean visibles para todos», indicaron los empresarios en su documento.
De esta manera el gran capital y las cámaras del Cosep toman una postura más fuerte ante la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quienes están siendo repudiados y sancionados a nivel internacional por los más de 530 personas asesinadas que ha dejado su brutal represión.
Ortega, sin embargo, sigue escalando sus acciones represivas con los ataques contra los organismos defensores de derechos humanos. En la última semana, la maquinaria orteguista ha cancelado la personalidad jurídica de cuatro organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras ONG ya fueron citadas por el Ministerio de Gobernación para ser investigadas.
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El empresario Michael Healy señaló que Nicaragua no se merece esta gran crisis que le está haciendo retroceder de una manera brutal económicamente, y señaló que la solución a esta situación pasa por las elecciones anticipadas. Healy insistió en que de haber sanciones a empresarios aliados del régimen ellos seguirán trabajando por la democracia en Nicaragua.
«Esos empresarios sabrán quienes son, en mi carácter personal yo no me preocupo vamos a seguir luchando por la democracia y donde podamos expresar lo que pensemos».
