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Dictadura justifica asedio a opositores como un plan de protección a mujeres

La dictadura de Daniel Ortega ordenó a la Policía reforzar su presencia en lugares estratégicos de la capital, donde supuestamente algunas jóvenes denunciaron abusos sexuales o agresiones por motorizados; sin embargo los uniformados se han apostado frente a la casa de unos 28 opositores después de la convocatoria a una movilización para exigir la libertad … Continuar leyendo
Por Artículo 66 febrero 24, 2020
Dictadura justifica asedio a opositores como un plan de protección a mujeres. En la gráfica la Policía imponiendo cerco en "casa por cárcel" contra el comentarista Jaime Arellano. Foto: Cortesía.
Dictadura justifica asedio a opositores como un plan de protección a mujeres. En la gráfica la Policía imponiendo cerco en "casa por cárcel" contra el comentarista Jaime Arellano. Foto: Cortesía.

La dictadura de Daniel Ortega ordenó a la Policía reforzar su presencia en lugares estratégicos de la capital, donde supuestamente algunas jóvenes denunciaron abusos sexuales o agresiones por motorizados; sin embargo los uniformados se han apostado frente a la casa de unos 28 opositores después de la convocatoria a una movilización para exigir la libertad de los presos políticos, la cual está previsto se desarrolle este martes, 25 de febrero.

«Este es un plan que lo hacemos de manera permanente, nada más que ahora lo estamos reforzando en la capital, es un plan dirigido especialmente a evitar cualquier tipo de robo que se pueda dar en la madrugada en los diferentes barrios de Managua teniendo especial énfasis en la atención a la violencia hacia las compañeras mujeres, pero también los componentes a la atención a las personas que salen de sus casas a esta hora de la madrugada», según publica el oficialista 19 Digital, citando al comisionado general Vladimir Cerda, Jefe de Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana.

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Para algunos activistas del Movimiento de Mujeres, el régimen de Daniel Ortega intenta crear una cortina de humo aprovechando la situación de violencia en el país para ocultar el verdadero objetivo de haber sacado a más oficiales a las calles, que es evitar que los ciudadanos salgan a protestar.

Para la activista y miembro del Consejo de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Tamara Dávila, la acción de Murillo y  Ortega es un método de intimidación que está totalmente alejado de la realidad de los nicaragüenses, porque intentan engañar a la ciudadanía de que van a resolver el problema de violencia de mujeres con más presencia policial.

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“El ataque de violencia hacia las mujeres lo viven los militantes sandinistas y los azul y blanco, pero ellos usan este mecanismo para reprimir y justificar su represión. En ninguna manera para resolver o prevenir el problema”.

Policía no tiene la capacidad para proteger

Por su parte, la exguerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Téllez explicó que la Policía no tiene la capacidad para garantizar la seguridad pública porque hay muchos testimonios de robos, asesinatos y violaciones cometidos por los uniformados.

En el 2019 en total 63 mujeres fueron asesinadas por familiares o conocidos. Foto: La Prensa.
En el 2019 en total 63 mujeres fueron asesinadas por familiares o conocidos. Foto: La Prensa.

“La naturaleza represiva de la policía orteguista no tiene remedio. El único remedio es disolverla. Su única capacidad es para reprimir a la población porque no tienen la capacidad de garantizar la seguridad pública (…) cuando sacan las patrullas a la calles es porque hay un interés de reprimir”.

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De igual manera, el líder universitario Jasson Salazar, miembro de la Alianza Cívica, destacó que “una vez más la dictadura ha demostrado que lo único que tiene es la fuerza represiva utilizando, a discreción, el aparato estatal contra la ciudadanía, que demanda cambios profundos y la salida de la dictadura”.

Finalmente, la líder del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Yunova Acosta destacó que el Estado de Nicaragua olvidó los acuerdos firmados en 2019 para garantizar las libertades ciudadanas en el país; sin embargo, su miedo de perder el poder ha provocado que se sigan violando los derechos de los nicaragüenses.

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Según las estadísticas recogidas por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, Nicaragua cerró el 2019 con 63 femicidios, y solo en enero 2020, la misma organización contabilizó siete crímenes contra mujeres. La mayoría de estos casos fueron cometidos por familiares o allegados de la víctima y un alto porcentaje se mantiene en la impunidad.

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