Conferencia Episcopal de Paraguay condena los ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua

La Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) se solidarizó con la Iglesia católica de Nicaragua y monseñor Rolando Álvarez. En un mensaje enviado a través de una carta, la entidad «condena» todo tipo de violencia y ataques realizados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los religiosos.

«El arzobispo de Asunción y presidente de la CEP condena “cualquier tipo de violencia, atropellos, ataques y censura en contra de la Iglesia” y recalca que “son hechos que quebrantan los principios básicos del estado de derecho. Condenamos cualquier tipo de violencia, atropello, ataques y censura en contra de la iglesia. Son hechos que quebrantan los principios básicos del estado de derecho», refiere la misiva publicada la mañana de este nueve de agosto.

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El pasado primero de agosto, la dictadura de Ortega-Murillo, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el cierre «inmediato» de Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio San José y Radio Monte Carmelo.

Organismos defensores de derechos humanos y grupos de oposición han condenado la agresión, sosteniendo que «Ortega descarga odio y venganza contra la Iglesia católica».

Ante esto, los religiosos de Paraguay expresan que «a los obispos y a todo el pueblo nicaragüense, les aseguramos nuestras oraciones y acompañamiento espiritual y pedimos la intercesión de la Inmaculada Virgen María, reina y madre de todos los nicaragüenses, para que pronto se restablezca la convivencia armónica y reine la paz».

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Tras la «guerra» declarada por el régimen a la Iglesia católica en Nicaragua, la solidaridad para con los religiosos y en especial a monseñor Rolando Álvarez no se han hecho esperar. Obispos de Bolivia, Honduras, España y México han mostrado su cercanía y su rechazo a las acciones de Ortega.

Desde el cuatro de agosto, monseñor Rolando Álvarez se encuentra encerrado en la Curia de Matagalpa, junto a cinco sacerdotes y seis laicos. La dictadura señala al religioso de «atentar contra la paz», por lo que le niega la salida.