60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a la captura de Nicolás Maduro, denuncia Monitoreo Azul y Blanco

El Monitoreo Azul y Blanco registra al menos 60 detenciones arbitrarias en Nicaragua desde la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Las detenciones habrían ocurrido porque ciudadanos nicaragüenses se han manifestado públicamente a favor de esa detención.
Según el reporte, al 9 de enero de 2026, se habían registrado detenciones y retenciones en al menos ocho departamentos del país, una cifra que reflejaría una nueva escalada represiva por parte de las autoridades sandinistas.
El monitoreo detalló que de los casos contabilizados, 49 personas continúan detenidas sin información sobre su situación legal, mientras 9 fueron liberadas tras su arresto y 3 permanecieron en retenciones temporales.
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Las acciones policiales ocurrieron en departamentos como Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur, y, según la organización, han sido realizadas sin orden judicial y basadas únicamente en expresiones de opinión.


Nicaragüenses detenidos por opinar
El monitoreo considera estas detenciones como una «grave violación a los derechos humanos fundamentales», al no respetarse el debido proceso ni garantizarse la libertad de opinión y expresión.
El contexto de estas detenciones está vinculado directamente con la reacción ciudadana a la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, que generó publicaciones y posturas a favor de ese hecho entre nicaragüenses en redes sociales y espacios públicos.
Familias y testigos han reportado que algunas de las personas arrestadas expresaron su apoyo a la detención del exmandatario venezolano o compartieron noticias relacionadas, lo que habría motivado la acción represiva.
La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a lo que describe como una «nueva ola represiva» en Nicaragua y exija el respeto de los derechos humanos.
La organización afirmó que seguirá verificando casos y dando seguimiento a todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

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