Tribunal Electoral de Costa Rica pide retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó el 7 de octubre a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, para que pueda enfrentar cargos por presunta injerencia electoral.
El TSE sostiene que Chaves habría violado la prohibición que impide a los funcionarios públicos participar en actos proselitistas o intervenir en procesos de votación, aprovechando su cargo para favorecer un programa político. Esta medida se da pese a que semanas atrás, el Congreso había rechazado levantar la inmunidad en un caso relacionado con otra investigación por presunta corrupción.
La Constitución y el Código Electoral prohíben expresamente al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y utilizar sus cargos en beneficio de un partido. Según el TSE, el mandatario incumplió esa prohibición a pesar de que ya se le había ordenado abstenerse de intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026, en los que no puede aspirar a la reelección.
La Sección Especializada del TSE, integrada por magistraturas suplentes, adoptó la resolución de manera unánime el 3 de octubre. El presidente de la sección, Luis Diego Brenes Villalobos, junto con las magistradas Mary Anne Mannix Arnold y Wendy de los Ángeles González Araya, determinaron que las denuncias superan la valoración de admisibilidad y que debe solicitarse previamente el levantamiento de inmunidad ante la Asamblea Legislativa, según el artículo 270 del Código Electoral.
Si se aprueba el desafuero, Chaves sería inhabilitado temporalmente
De aprobarse, Chaves quedaría sujeto a un procedimiento sancionador ordinario, que podría implicar sanciones administrativas e inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los órganos constitucionales, mientras legisladores adelantaron que analizarán la solicitud con «rigor jurídico y sin tintes políticos».
El pasado 22 de septiembre, los diputados solo alcanzaron 34 votos, de los 38 que se requerían para despojar al Chaves del fuero constitucional.
En ese caso, el mandatario era acusado por la Fiscalía por el delito de «concusión», es decir, que Chaves habría exigido una coima de 32 mil dólares para beneficiar a un asesor y amigo suyo a cambio de darle luz verde a un productor de televisión para ganar un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero que sería pagado con fondos que el banco regional debía aprobar a favor de proyectos de la presidencia costarricense.
Chaves acusa de golpe a la democracia
Chaves se ha defendido señalando al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Asamblea Legislativa de pretender darle un golpe a la democracia.
Desde que asumió el gobierno en el el año 2022, Chaves ha entrado en enfrentamiento feroz contra los demás poderes públicos, los medios de comunicación, el empresariado, las universidades y contra todos los partidos políticos.
Incluso, ha desatado campañas contra la Contraloría General de Costa Rica y el Poder Judicial por frenar sus amagos autoritarios.
El mandatario costarricense tiene muy poco apoyo en los sectores políticos. Incluso, la dirigente del partido que lo llevó al poder, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se le distanció y su ungida política para los comicios de febrero próximo tuvo que buscar otra organización política para usar como «taxi» en los comicios.
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