Costa Rica en vilo: Presidente Chaves podría quedar sin inmunidad y enfrentar juicio por corrupción en caso BCIE
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remitió este lunes 28 de julio a la Asamblea Legislativa la acusación penal y la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives. Ambos están imputados por el presunto delito de concusión en el caso denominado BCIE-Choreco, una investigación judicial que ha sacudido la política costarricense por implicar, de forma directa, al jefe de Estado en ejercicio.
El envío oficial del expediente se realizó la mañana del lunes a través de la Secretaría de la Corte, que trasladó los documentos al Directorio Legislativo, dando inicio a un trámite excepcional que podría derivar en un juicio penal contra el presidente de la República, algo sin precedentes recientes en el país, considerado uno de los que tiene la democracia más sólida del continente.
El origen de un caso de corrupción
La causa penal tiene su origen en una donación de 400.000 dólares realizada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entre octubre de 2022 y octubre de 2023, destinada a campañas de comunicación institucional del Gobierno. Según la acusación, parte de esos recursos fueron desviados para beneficiar al exasesor presidencial Federico Cruz Saravanja, alias «Choreco», un amigo personal del presidente.
La Fiscalía sostiene que el empresario Cristian Bulgarelli, contratado para desarrollar la estrategia de comunicación, fue inducido por funcionarios del Ejecutivo a transferir 32.000 dólares a Cruz Saravanja, supuestamente utilizados para la compra de una vivienda. En ese momento, Jorge Rodríguez —actual ministro de Cultura— se desempeñaba como jefe de despacho presidencial y habría intervenido en el giro de los fondos.
La ruta para levantar el fuero
Tras la admisión de la acusación penal el pasado 30 de junio por parte del Tribunal de la Corte Plena —con una votación de 15 magistrados a favor y 7 en contra—, la Constitución obliga a que la Asamblea Legislativa determine si corresponde levantar la inmunidad de los funcionarios señalados. Solo así podría continuar el proceso judicial ante la Sala Tercera de Casación Penal.
La Asamblea deberá conformar una comisión especial de tres diputados encargada de revisar el expediente y emitir un informe al plenario. El levantamiento del fuero requiere una mayoría calificada de 38 votos en un Congreso compuesto por 57 legisladores. De aprobarse, un magistrado instructor asumirá la dirección del caso, notificará a los imputados, les tomará declaración indagatoria y valorará las pruebas de cara a un eventual juicio oral y público.
Este tipo de procesos, contemplados en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que en causas contra miembros de los Supremos Poderes —como el presidente, ministros o diputados— el Ministerio Público no participa directamente en la indagatoria ni en la dirección del proceso, que queda bajo responsabilidad del Poder Judicial.
Chaves podría renunciar voluntariamente a su inmunidad
Desde mayo pasado, el presidente Chaves ha insinuado que podría renunciar voluntariamente a su inmunidad para enfrentar el proceso. Su abogado defensor, el exministro de Seguridad José Miguel Villalobos, afirmó que el mandatario «sigue meditando» esa decisión y que «cuando él quiera renunciar a la inmunidad no necesita el visto bueno de nadie, solo de su propia conciencia».
Sin embargo, el fiscal general ha advertido que la renuncia al fuero de improcedibilidad no puede ser parcial ni aplicada selectivamente a un solo caso, como sugirió la defensa. «No es jurídicamente válido que Chaves renuncie únicamente para una causa específica», reiteró el jefe del Ministerio Público en declaraciones a medios costarricenses.
Por su parte, el ministro Jorge Rodríguez ha evitado confirmar si renunciará o no a su inmunidad.
Tensión institucional
La votación en la Corte Plena reflejó una clara división entre los magistrados. Siete votaron en contra de dar curso a la acusación, incluyendo figuras de distintas salas como la Constitucional, Primera, Segunda y Tercera. Entre ellos se encuentran Luis Fernando Salazar Alvarado, Damaris Vargas, Iris Rojas, Jorge Olaso, Roxana Chacón, Gerardo Alfaro y Ana María Picado.
No obstante, la mayoría de 15 votos permitió que el trámite legislativo se active formalmente, tal como lo estipula el artículo 121 de la Constitución Política, que otorga a la Asamblea Legislativa la facultad exclusiva de «admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República», mediante el voto favorable de dos terceras partes del total de diputados.
Un desafío para la democracia tica
El caso BCIE-Choreco representa el mayor desafío institucional para el Gobierno de Rodrigo Chaves, quien asumió la presidencia en mayo de 2022 tras una campaña atizada por la promesa de transparencia y ruptura con las élites tradicionales.
La decisión que tome la Asamblea Legislativa será trascendental en la historia democrática de Costa Rica. De proceder el levantamiento de inmunidad y posterior juicio, se pondría a prueba el principio de igualdad ante la ley y la independencia de poderes, pilares esenciales en una república constitucional.
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