Oficialismo costarricense va tras una reforma a la Constitución para permitir la reelección presidencial continua

El oficialismo costarricense anunció este sábado 12 de julio que impulsará una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial continua, una figura actualmente prohibida por la Carta Magna del país. La propuesta busca que, tras concluir su mandato en 2026, el presidente Rodrigo Chaves pueda optar nuevamente a la Presidencia en el año 2030.

La diputada oficialista Pilar Cisneros, vocera del bloque cercano a Chaves, fue quien confirmó la intención de promover la reforma en el próximo periodo legislativo, una vez instalada la nueva Asamblea Legislativa en mayo de 2026. Según explicó, el objetivo es conformar una mayoría de al menos 38 diputados que permita modificar los artículos 132 y 134 de la Constitución Política, que establecen la prohibición de reelección inmediata.

En Costa Rica, para reformar la Constitución por la vía legislativa se requiere la aprobación de al menos dos terceras partes del Congreso, es decir, un mínimo de 38 de los 57 diputados. La pretensión del oficialismo va más allá: aspiran a conquistar hasta 40 curules para no depender de negociaciones con partidos de oposición.

Cisneros aseguró que el bloque rodriguista ya trabaja en la conformación de una coalición electoral unificada para lograr ese objetivo. Aunque no ofreció detalles sobre el texto de la reforma ni el mecanismo específico, sí dejó claro que la reelección presidencial continua es uno de los ejes estratégicos del proyecto político que impulsarán tras las elecciones de 2026.

Actualmente, la Constitución de Costa Rica prohíbe que un presidente se postule de forma inmediata a un segundo mandato. Solo permite una nueva candidatura después de ocho años de haber dejado el cargo. La intención del oficialismo es eliminar ese período de espera para que Rodrigo Chaves pueda aspirar a regresar al poder una vez finalizado el siguiente periodo presidencial, en el año 2030.

El anuncio se da en un contexto de creciente atención en Centroamérica a las reformas constitucionales orientadas a favorecer la permanencia en el poder. La experiencia de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras ha despertado preocupaciones sobre los riesgos que este tipo de cambios puede representar para el equilibrio democrático.

Aunque en Costa Rica los contrapesos institucionales siguen funcionando, la propuesta marca un giro en la tradición política del país, donde el rechazo a la reelección inmediata ha sido parte del consenso democrático desde hace décadas. De prosperar la reforma, Rodrigo Chaves se convertiría en el primer presidente contemporáneo con posibilidad de buscar un segundo mandato consecutivo mediante una modificación constitucional.

El oficialismo no ha definido públicamente cuándo se presentaría el proyecto ni si optarán por el mecanismo legislativo ordinario o buscarán también respaldo ciudadano mediante referéndum. Lo cierto es que la aspiración de modificar las reglas para permitir la reelección se ha convertido en una de las principales prioridades del sector político que acompaña al actual mandatario.

El «rodriguismo» elige su vehículo electoral

Durante la misma actividad, la diputada Pilar Cisneros también anunció que el oficialismo competirá en las elecciones de 2026 bajo la bandera del partido Pueblo Soberano (PPSO), una agrupación inscrita desde 2023 y encabezada por Francisco Gamboa, exministro de Economía y actual secretario general del partido.

Según informaron, cinco agrupaciones de tendencia «rodriguista» —Pueblo Soberano, Movimiento Tiempo de Valientes, Creemos, Renacer Democrático y Esperanza y Libertad— se unificarán en torno al PPSO para presentar una candidatura presidencial única y una lista legislativa conjunta.

Durante la conferencia, también se presentó el comando de campaña. Pilar Cisneros estará a cargo de estrategia y comunicación; Laura Fernández, del área programática; Freddy González de operaciones; Royner Mora en organización territorial; y José Eduardo Alvarado en tecnología. Mayuli Ortega y Francisco Gamboa serán los representantes formales ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

El objetivo, según Cisneros, es llegar con una estructura fuerte al proceso electoral de febrero de 2026 y obtener una mayoría en el Congreso que les permita gobernar sin depender de alianzas coyunturales. Con la reelección como meta a largo plazo, el oficialismo comienza a organizarse con tiempo para disputar no solo la Presidencia, sino también el control legislativo e institucional del país.